De esa manera se puso en marcha el jurado de enjuiciamiento (o jury) a la magistrada Ana Clara Pérez Ballester e incluyen a su asesora Elisa Catán. Las acusan de mal desempeño
El Jurado de Enjuiciamiento suspendió el martes 10 de octubre en La Pampa a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora Elisa Alejandra Catán, luego que el procurador general, Mario Oscar Bongianino, las acusara de mal desempeño en la tramitación de los expedientes por la tutela y el cuidado personal del niño Lucio Dupuy, muerto tras terribles tormentos aplicados por su madre y la pareja de ella.
Mientras dure el jury, las acusadas solo percibirán la mitad de sus salarios
La resolución del jurado fue por unanimidad, después que sesionara en el Salón de Acuerdos del Tribunal de Justicia. Allí, sus integrantes, el ministro a cargo de la presidencia del STJ y titular del cuerpo, Fabricio Losi; las diputadas María Larreta y María Valderrama; y las abogadas por la matrícula, Silvina Garro y María Gaccio, analizaron el escrito acusatorio que Bongianino había entregado el viernes pasado.
Resolvieron la suspensión preventiva –“mientras dure la tramitación del juicio”– de Pérez Ballester, a cargo del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 de General Pico; y de Catán, responsable de Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N° 2 de esa ciudad.
La medida, indicó el jury, es de “carácter preventivo y no importa prejuzgamiento sobre la conducta” de ambas funcionarias ni “menoscaba la imparcialidad del jurado”.
Además, cumpliendo con esa misma norma, el jurado le dio traslado a las imputadas por el plazo de 10 días hábiles para que presenten sus defensas y procedió a descontarles el 50 por ciento de las remuneraciones.
Como se sabe, la magistrada y su asesora explicaron que los maltratos que terminaron con la muerte del niño Lucio Dupuy comenzaron luego de que ella y su asesora aceptaran el pedido de la madre de hacerse cargo de la criatura (Lucio vivía con una tía paterna). Lo que nunca explicaron la jueza y su asesora (no quisieron o no pudieron) es por qué no se realizaron los estudios socio ambientales exigidos para este tipo de casos y tampoco, el seguimiento del caso. Al morir asesinado el niño tenía marcas antiguas de golpes en todo el cuerpo, había sufrido abusos sexuales y hasta tenía huellas de quemaduras de cigarrillo en su piel.
