El miércoles 20 de diciembre las organizaciones sociales tienen previsto marchar en Buenos Aires. Miles de personas que son acarreadas o impulsadas a ir para demostrar ‘quién tiene el poder en las calles’. El movimiento de pinzas para tratar de que no haya más piquetes
El presidente Javier Milei activó la estrategia que sugirió al asumir el cargo, cuando dijo que “el que corta no cobra”, con una medida que va más allá de la quita de planes sociales a quienes marchen y corten calles y apunta directamente a recortarles el poder de convocatoria a las agrupaciones. Los que organizan este tipo de movilización son denominados “gerentes de la pobreza”: se quedan con una porción de los magros ingresos de miles de beneficiarios para así contar con fondos muy grandes.
El Gobierno quiere cortar de cuajo este círculo vicioso al que considera un mecanismo de financiación espúreo. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que los únicos que no van a cobrar el plan, son los que vayan a la marcha y corten la calle, pero, además, confirmó la suspensión del “control de presencialidad” que, hasta ahora, tenían las agrupaciones sociales sobre las tareas y contraprestaciones con las que deben cumplir los beneficiarios. Este control era el que permitía a los ‘gerentes’ verificar la asistencia de “su gente”. Y por ende, el ‘éxito’ de la convocatoria.
La inacción de los anteriores gobiernos, bajo el lema ‘no hay que criminalizar la protesta’, permitió el crecimiento de estos movimientos piqueteros hasta tornar invivible la situación en las ciudades. El simple hecho de querer ir a trabajar era impedido por los ‘dueños de la calle’: no sólo impedían la movilización del trabajador a su trabajo, del empresario pyme que tenía que llegar al banco, del distribuidor en su camioneta realizar sus entregas, no. Paralizaban por horas todo el moviminto. Y esto hizo que el fastidio creciera y en muchos casos explica -también- una parte del voto a Milei. Se denomina hartazgo.
Hay un movimiento en forma de pinza vital para la jugada del Gobierno. El anuncio de Pettovello se complementa con el protocolo “anti piquetes” que dio a conocer la semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el objetivo que se trazó Milei de terminar con las marchas que interrumpen el tránsito, un reclamo que surge de su propia base electoral y cuya respuesta por parte del Gobierno da inicio a una pulseada con las agrupaciones sociales piqueteras.
Bullrich detalló que el proceso de identificación de planeros que participen de piquetes se realizará a través de fotos, drones y pidiendo documentos.
“Se los va a identificar, se van a sacar fotos, va a haber drones, se les va a pedir documentos y luego se van a cruzar los datos de las fotografías de los drones con las personas que estén cometiendo un delito”, resaltó Bullrich.
“Si están en el parque al lado del Puente Pueyrredón y no acceden al puente no están cometiendo un delito; cometen el delito al momento en que bajan al cordón y cortan la calle”.
“Pueden perder el dinero que están recibiendo del Estado: tocan la calle, eso se termina. Los piquetes en la Argentina se terminan”.
“Se pueden movilizar, lo que no pueden es cortar la calle, una ruta, pueden ir por la vereda, si son 50.000 personas irán por la vereda, irán en fila india”.
Algunos dirán sin rasgarse las vestiduras “es represión”; otros insistirán con el consabido “están criminalizando la protesta”.
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Pese a ello, la Constitución nacional es muy clara: el derecho al reclamo tiene rango en la carta magna, pero también lo tienen el derecho a trabajar y a movilizarse.
Los dados están lanzados. Hagan juego, señores.
