Vino a dar una charla. Pero en el centro del poder emergieron investigaciones que lo tienen en el centro de atención: un fondo fiduciario gestionado por una persona de su confianza manejó cientos de millones de pesos para obras que no están
El dirigente social y piquetero Juan Grabois llega a Posadas. Da una charla en el anfiteatro El Brete. Hay que recordarlo como precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) que ahora impulsa ideas acerca de “organizar la bronca, construir la alternativa”. Pero antes de eso, y desde 2018 tenía un poder y manejaba mucha plata. Unos pocos días antes, a inicios de febrero, Grabois fue el centro de una charla que ocurría en Roma. Más exactamente en ciudad del Vaticano. El presidente argentino Javier Milei se reunía con el Papa Francisco. Era el encuentro formal de lunes por la mañana en una Biblioteca del Vaticano. “Sabés qué pasa, Jorge -dicen que le dijo el mandatario argentino al jefe espiritual de los católicos- él está manejando muchos fondos que no se rinden ni se fiscalizan supuestamente para construir viviendas en barrios populares. El dinero ya se pagó pero las obras no aparecen…” Hasta hacía un tiempo Grabois tenía aceitados contactos y buena llegada con la Santa Sede. Pero en este caso, Francisco -dicen- dio la venia para que fueran por su otrora pollo. Citado por iProfesional, Luis Gasulla señala: “Según fuentes de Casa Rosada, fue justamente Jorge Bergoglio quien le dio via libre a Milei para que vaya a fondo con el tema”.
En Posadas, se volvió a ver a un Grabois en modo piquetero. “Vamos a manifestarnos donde sea necesario. El protocolo antipiquetes se lo pueden meter en el bolsillo. Hay que estar en la calle e impedir que la bomba explote”, fue parte de su mensaje.
Y ahora en Buenos Aires, crecen nuevas y preocupantes versiones: El gobierno de Milei puso la lupa en una multimillonaria caja que manejaba, de manera discrecional, Fernanda Miño, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat. Miño es una dirigente que responde a Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Fernanda Miño pasó a manejar un presupuesto millonario con el FISU que creció desde 66 empleados hasta más de 600
Gasulla hizo un repaso histórico de este caso. En 2018, la ministra de Carolina Stanley recibió a Juan Grabois y aceptó la creación de un fondo para urbanizar las villas miserias. Tras un relevamiento de los barrios populares –a través del Registro Nacional de Barrios Populares Renabap– se conformó el FISU –Fondo de Inclusión Socio Urbana-. La pandemia de 2020 fue la excusa perfecta para aumentar los recursos de este Fondo Fiduciario que evita los controles del parlamento. Grabois logró colocar a su compañera de militancia (Fernanda Miño) oriunda de la Villa La Cava, San Isidro, sin experiencia en la función pública. El FISU pasó de 66 empleados a más de 600, muchos de ellos, militantes políticos. El presupuesto autorizado por el presidente Alberto Fernández de noviembre del 2020 se multiplicó hasta ascender a 60 mil millones de pesos.
Hasta ahí, todo bien. Había buen dinero: El FISU se financiaba por 12 mil millones de pesos del Impuesto País (9% de lo recaudado) y el impuesto a las Grandes Fortunas que tuvo en 2020 una recaudación de 35 mil millones de pesos.
Según los datos aportados por el periodista, “solo en 2022, se firmaron 69 convenios particulares por $3.937 millones y el diez por ciento se derivaba a cooperativas vinculadas a Grabois“.
Según Camila Lobajlian de La Nación, “desde el Ministerio de Economía y Jefatura de Gabinete pusieron el foco sobre tres cuestiones: por un lado, que la mayoría de las obras que se hicieron fueron veredas o cordones cuneta; que hay una gran cantidad de intervenciones no finalizadas y que los contratos fueron dirigidos a cooperativas asociadas a Grabois“.
Hay tres cuestiones: la mayoría de las obras, veredas o cordones cuneta; 2) gran cantidad no terminada y 3) los contratos fueron a cooperativas asociadas a Grabois
De las 6517 obras reportadas, tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir un 6%. En tanto que 5886 se encontrarían en ejecución y 231 en etapa de contratación: El Gobierno todavía no sabe qué ocurrió con lo ya transferido y busca rastrear a los responsables de finalizar las obras.
Con una innata habilidad para sacarse de encima responsabilidades y contratacar con furia, Grabois salió a decir simplemente que el dinero que pudo haber manejado era mucho menor al que se estipula. Desde Twitter, Grabois señaló: “La caja que me atribuyen es bastante más chiquita que la que vamos a usar cuando hagamos la revolución de las 3T (tierra, techo y trabajo)”.
De 6517 obras, solo 400 están terminadas. Hay 5886 “en ejecución” pero con sospechas de que los pagos ya fueron realizados
Por lo pronto, legisladores de Hacemos Coalición Federal ya plantean formas de supervisarlos. El proyecto plantea que los fondos fiduciarios deberán presentar informes para justificar su continuidad, que informen y publiquen ingresos y gastos, que la Auditoría General de la Nación realice auditorías periódicas sobre los mismos, que sólo puedan ser creados por ley, en tanto que su impacto económico-financiero sea evaluado y que los recursos no puedan utilizarse con fines distintos a los que motivaron su creación.
Los fondos fiduciarios se constituyeron en un mecanismo para manejar recursos estatales sin tener que pasar por los controles ni fiscalizaciones del Estado.
Esta modalidad comenzó a usarse a mediados de los ’90 durante el menemismo como un instrumento para agilizar la función pública y evitar la burocracia. En otros países de América Latina los fideicomisos vinculados con el Estado ya funcionaban desde la caída de la Bolsa de los años 30 del siglo pasado.
Según los diputados, “se trata de un vehículo que, en determinadas circunstancias, puede ser eficiente para que el Estado cumpla con finalidades públicas específicas, pero que en nuestro país no funcionan de manera transparente y muchas veces su finalidad fue tergiversada”.
