Tratarán de que los casos de mafia lleguen rápido a los juicios orales. Así, toda causa va al Ministerio Público que analiza si vale la pena investigar la causa o es insignificante; si se puede plantear un juicio abreviado o una conciliación
En la actualidad, si alguien es víctima de un delito, interviene un juez que puede delegar la causa en un fiscal o quedársela de forma selectiva. Eso va a cambiar, según la modificación que impulsa el MInisterio de Justicia. “A partir de ahora, toda causa irá al Ministerio Público que analizará si vale la pena investigar la causa o es insignificante; si se puede plantear un juicio abreviado o una conciliación”, explicó el titular de la cartera, Manuel Cúneo Libarona en una conferencia de prensa.
Bajo el eslogan de buscar una mano justa, se pretende “una transformación absoluta de la Justicia” donde se incluye el juicio por jurados y cambios en el Código Penal. Cúneo Libarona buscó diferenciarse de las políticas de “mano dura” al subrayar el concepto de “mano justa”, que ya fue utilizado en la campaña electoral de Segio Massa para presidente de la Nación en 2015, y a senador por la Provincia de Buenos Aires, en 2017.
El anuncio, que fue calificado por el ministro como un “momento histórico en la Argentina”, busca constituir un ordenamiento en todo el país similar al que ya se implementa en Jujuy y Salta desde 2015 y consideró que es “idóneo y eficaz” y que implica pluralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, no tanto papeleo ni tiempo”.
El sistema pasará a ser adversial: un defensor que busca el cumplimiento de garantías y un fiscal que acusa. Todo oral
“Al Tribunal Oral llegarán los hechos de mafias y, con celeridad, se llevará a cabo el juicio”, prometió.
Otro de los grandes cambios es que el sistema pasará a ser adversarial –implica la oposición que existe entre un defensor que busca el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que lo acusa– y oral. Esto, entre otras cosas, implica una mayor celeridad en los procesos judiciales.
Se busca evitar el daño que produce la prolongación indebida de los procesos
“Es el sistema idóneo, eficaz, oralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, no tanto papeleo, (gasto de) tiempo, es mucho más rápido”, enumeró entre los beneficios y subrayó que se evita “algo que es un tremendo daño para las víctimas, para el imputado y la sociedad que es las prolongación indebida de los procesos”.
En cuanto implementación en el orden federal, adelantó que se enfocarán en la ciudad de Rosario, “con celeridad debido a la situación de emergencia, crisis, clamor popular, llamado de los propios jueces, para actuar”. Luego le seguirían las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan.
Por la misma cuestión, Cúneo Libarona encabezó en la Rosada la “Primera Reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal”, de la que participaron además el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky.
El 18 de marzo entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en Rosario que supone la consolidación del sistema penal acusatorio y que busca combatir la violencia criminal en Santa Fe. Pero tuvo un reclamo de jueces, fiscales y empleados judiciales de que aún no estaban dadas las condiciones para implementar (la justicia no parece ser sinónimo de celeridad).
Cúneo Libarona pensaba desde el lunes, poner a los fiscales federales a conducir las investigaciones en Rosario. Sin embargo, tuvo que postergar hasta el 6 de mayo el cambio con el que pensaba contribuir a la lucha contra el narcotráfico.
