Se llama Pablo Otero y es dueño de Tabacalera Sarandí. Su empresa forma parte de una multinacional pero se auto percibe Pymes. Usa tabaco brasileño, lo envasa en provincia de Buenos Aires y sale al mercado sin pagar impuestos que abonan sus competidores. Es como un partido de fútbol entre un equipo de once (cualquiera de los otros) y uno que tiene 15 (el de Otero).
Cristian Ritondo es su representante en el Congreso. Es un diputado del PRO que conoce a fondo la localidad de Sarandí y de cuyo nombre terminaron trasladando a la empresa que envasa tabaco en forma de cigarrillos como Master, Kiel y Red Point. Cada vez que algún legislador del interior (NOA y NEA) intentaba que se igualaran las cargas tributarias, Ritondo -como si fuera una marioneta- se activaba para hacer lobby y dejar sin efecto la iniciativa.
¿Por qué interesa a las provincias tabacaleras (Misiones entre ellas) esto? Porque en cada atado hay un porcentaje (7%) del precio que va para el Fondo Especial del Tabaco. Es decir: los fumadores le pagan a los productores de tabaco. ¿Qué le pagan? Salud (obra social), cobertura por emergencias (granizos) ayuda social y diversificación. Coherencia, sin lugar a dudas.
¿Y qué logró Otero? Gracias a gestiones de diputados como Ritondo que su amparo legal siga vigente. La diferencia es brutal. Los cálculos hablan de que en pocos años pasó del 4% al 35% del mercado de cigarrillos y que la renta final puede estar en los 2 mil millones de dólares. Con ese excedente Otero no tiene miedo a nada: puede seguir dándose el gusto como corredor de su Porsche en la categoría Global Race y además pagar generosas cifras a abogados que envían cartas documentos a las redacciones para que los periodistas no revelen sobre sus actividades.
Pero La Nación no se calló y la periodista Carolina Dolabjian enumeró cómo el dinero que tendría que haber ido a las arcas del Estado y a los tabacaleros se usó en otros destinos: “El patrimonio de Otero creció exponencialmente. Él y su familia tienen, al menos, 19 sociedades en todo el mundo. En la Argentina, sus empresas más relevantes son Tabacalera Sarandí y Grupo Madero Sur, con el que controla a la primera y realiza inversiones en otras áreas (medios de comunicación). También controla Global Race, vinculada al automovilismo; Punt Vermell (producción y comercialización de obras y espectáculos) y Crossfinder SA (servicios de consultoría e informática). Casi todas comparten domicilio en Puerto Madero”.
¿Básicamente qué dicen? Nosotros somos chicos y pobres (somos Pymes) y no podemos competir contras los monstruos (Massalin y British American Tobacco, las que envasan Marlboro Philip Morris y Chesterfield la primera y Lucky Strike y Camel la segunda). Entonces vamos a la Justicia para que nos ampare. Y la Justicia los amparó. Por largo tiempo.
¿Y cuando tienen embates en el Congreso? Para eso están los amigos como Ritondo. Para hacer lobby e impedir que avancen las propuestas: ¿a quién le puede interesar la pobre vida de los tabacaleros de Misiones o Salta si es más interesante la vida en Puerto Madero?
En la sesión donde Diputados aprobó la Ley Bases por expreso pedido de las provincias productoras AL FIN se pudo avanzar sobre el Sr Tabaco pese a Ritondo. Y Otero -si sale la ley- dejará de recibir privilegios impositivos. El resultado de la votación fue muy apretado: 82 votos afirmativos, 77 votos negativos, 69 abstenciones. El proyecto establece una suba de la tasa del Impuesto Interno a los cigarrillos del 70% al 73% y elimina el Impuesto Mínimo para los cigarrillos. Con ese texto, la Tabacalera Sarandí quedará igualada con el resto del mercado y tendrá que pagar los mismos impuestos que el resto.
Otero se presenta como un empresario pyme nacional, aunque, en rigor, desde 2018 es socio del gigante del tabaco internacional Imperial Brands, antes Imperial Tobacco Group. También comercializa la marca uruguaya Nevada, de Montepaz SA.
En iProfesional refirieron a cómo se maneja Otero en estas cuestiones.
“La administración libertaria está tocando intereses muy sensibles como el que beneficia al empresario Pablo Otero de Tabacalera Sarandí al que se lo vio muy nervioso en los últimos tiempos al remitir, a través de sus costosos abogados, cartas documentos para todo periodista que se le ocurra informar acerca de la cuestión”.
Lo sufrió Andrés Sanguinetti de iProfesional pero, también, Diego Cabot y Camila Dolabjian de La Nación, y Marcelo Longobardi de Radio Rivadavia.
Hay que decirlo todo: al principio en iProfesional “no la veían”: creían que era un capricho de las administraciones provinciales (tales como los reclamos del gobernador salteño Saenz) y que no había nada criticable en la tabacalera ubicada en Sarandí: “Es una Pymes que da trabajo a gente en provincia de Buenos Aires: ¿qué malo puede haber en eso?” era el razonamiento. Hasta que al fin, se les cayó la ficha.
Ahora saben que no es tan chica ni tan pymes.
Cuando el ministro del Interior Guillermo Francos recorrió el país y buscó apoyo a la Ley Bases, sabía que tenía que ofrecer algo a cambio.
En Ámbito se explicó muy bien: “Dos tabacaleras que estaban beneficiadas por una medida cautelar por la cual eludían el pago de impuestos sufrieron un revés judicial frente a un reclamo de la AFIP. Se trata de la misma ventaja competitiva que mantiene Tabacalera Sarandí, de Pablo Otero, por la cual al no cumplir con la obligación del impuesto interno sus cigarrillos se venden al público a un precio más barato, lo que le permitió ganar una mayor participación de mercado.
Desde la AFIP explicaron: “El impuesto interno a los cigarrillos grava con una alícuota del 70% su expendio; el precio sobre el que se aplica la alícuota no puede ser menor a un monto fijo que se actualiza por inflación cuatro veces por año. Al fijo se lo llama impuesto mínimo. Algunas empresas, a través de medidas cautelares judiciales han evitado pagar el impuesto sobre el monto mínimo”.
La compañía de Otero factura 800 millones de dólares al año pero aún se percibe una Pymes
Y los datos agregados por Ámbito son elocuentes: “En el centro de la polémica por los impuestos internos a los cigarrillos está Pablo Otero, el denominado “Señor Tabaco”, dueño de Tabacalera Sarandí. Mediante la misma medida cautelar, eludiendo el impuesto, consiguió vender su producto más barato, lo que le permitió ganar share (porción) de mercado. Factura u$s 800 millones al año pero aún se autopercibe un empresario pyme.
“Tabacalera Sarandí produce los cigarrillos más económicos del mercado, con las marcas Red Point, West, Master y Kiel. Como competidores tiene a los gigantes internacionales de la industria, pero tiene la ventaja de la protección de la Justicia desde hace años.
“El lobby de Otero logró postergar el debate legislativo sobre las condiciones de mercado que lo favorecen, permitiéndole absorber aproximadamente un 33% del mercado de cigarrillos. El empresario sostiene que su compañía no debería pagar el impuesto interno mínimo a los cigarrillos porque sería injusto dada la capacidad económica de los grandes conglomerados tabacaleros en Argentina.
“Desestima a aquellos que lo critican y los acusa de querer destruir la industria nacional. Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, su compañía no ha adquirido ni un gramo de tabaco argentino de los productores locales durante todo el año 2023, según registros de las cámaras de Salta, Jujuy y Misiones.
“En un momento en que las importaciones están totalmente cerradas, Otero ha obtenido las SIRA necesarias para importar cada kilogramo de materia prima requerido para fabricar los cigarrillos.
“Además, las declaraciones públicas de Otero sobre los resultados de su compañía no se constatan con las presentaciones ante la AFIP. Las cuentas no cierran. Tanto es así que el organismo tiene abierta una investigación sobre presunta evasión.
“La empresa cuenta con medidas cautelares para evitar el pago del impuesto interno mínimo y ha logrado en la justicia contencioso administrativa que no se le apliquen las normas que permiten registrar los movimientos de tabaco internamente en Argentina.
Ya para completar, se supo en estos días que la Casa de la Moneda donde se imprimen las estampillas fiscales, realizó una pericia sobre un muestreo de atados de cigarrillos de la compañía Sarandí y detectó estampillas apócrifas que se podrían haber utilizado para evadir impuestos. Tabacalera Sarandí respondió que sus productos habían sido truchados.
