Una asociación ilícita: tres hombres conseguían nombres para que se prestaran a ser beneficiarios de planes sociales. A cambio, una vez otorgado el beneficio, se quedaban con la mitad del dinero
“Vamos y vamos: yo te consigo el plan social. Cuando llegue la tarjeta yo iré a cobrar y luego te daré la guita, ¿okey?”. Palabras más, palabras menos, así era el arreglo que tres punteros políticos ofrecían a personas necesitadas. Se podía ser un nativo o también un extranjero con DNI 90 y pico de millón. Todos valían lo mismo. Una vez obtenida la tarjeta, escribían suavemente con un marcador indeleble sobre la tarjeta el PIN. Así no había errores cuando era el mejor momento: el de pasar por un cajero y empezar a extraer y extraer, y extraer. “Robamos para la corona”, dicen que decían los corsarios. La operatoria comenzó en diciembre de 2019 (no hay casualidades con las fechas: ya había un nuevo gobierno) y en cada viaje a los cajeros se alzaban con unos 3 millones de pesos o su equivalencia para tener una idea, 83 mil dólares. Ahora (cambió otra vez el signo del gobierno y no hay casualidades) se les acabó el viaje de placer. Por esas casualidades, un oficial de policía los vio, sospechó y los detuvo. Así empezó esta historia, típica de un país roto.
La jueza porteña Alejandra Provítola procesó a tres hombres acusados integrar una asociación ilícita que conseguía planes sociales y les cobraba una comisión a las personas que percibían ese beneficio. La investigación tuvo su origen en diciembre de 2019, cuando un oficial -que realizaba tareas de prevención en inmediaciones de una sucursal bancaria ubicada en Avenida Callo al 100- advirtió la presencia de dos hombres que ingresaban a la zona de cajeros automáticos y efectuaban varias operaciones. Para ello, utilizaban diversas tarjetas bancarias, consta en el resumen del caso publicado en el sitio web de la Procuración, Fiscales.
El oficial sospechó que ese trataba de operadores con plásticos sustraídos o clonados y así procedió a identificar a los dos hombres y a determinar si las tarjetas estaban a su nombre. Tras realizar diversas medidas de prueba, el 16 de agosto de 2021 la jueza procesó a dos de los imputados como coautores del delito de “defraudación mediante la utilización de tarjeta de débito obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño reiterado en seis oportunidades”.
Los beneficiarios integraban una cooperativa y recibían el plan Potenciar Trabajo: potenciaban los bolsillos de los intermediarios
La fiscalía logró determinar que los titulares de las tarjetas de débito incautadas pertenecían a personas que integraban una misma cooperativa.
A partir de eso, la fiscal requirió una serie de medidas que evidenciaron que los dos hombres procesados junto a un tercero integraban -en calidad de miembros- una asociación ilícita que habría operado entre octubre de 2017 y diciembre de 2019, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en las localidades bonaerenses de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.
La maniobra desarrollada por los imputados consistía en simular que tenía injerencia en el otorgamiento, permanencia o quita de beneficios sociales. Así, hacían inscribirse a las víctimas en los planes sociales y, una vez verificado que se les había concedido, les exigían el 50% o un porcentaje menor del subsidio. Las personas damnificadas les entregaban el dinero o las tarjetas de débito junto a sus correspondientes claves de acceso, para que efectuaran las extracciones.
A través de la organización, los tres imputados habrían defraudado y/o extorsionado a unas 25 personas, que percibían planes sociales de los programas “Argentina Trabaja” y -luego renombrado- “Potenciar Trabajo”, del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Para ello, se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y habrían obtenido su dinero.
También, las víctimas eran obligadas a mantenerse dentro de la cooperativa en la que se los inscribía, a captar nuevas víctimas o a asistir a marchas sociales relacionadas con los movimientos sociales dentro de los cuales funcionaban esas cooperativas.
En base a las pruebas recabadas por la fiscalía, la jueza Provítola dictó los procesamientos con prisión preventiva de los tres hombres como coautores del delito de asociación ilícita, en calidad de miembros; y coautores de los delitos de “defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño -reiterado respecto de al menos 20 víctimas-, defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado en grado de tentativa -respecto de al menos 2 víctimas-, estafa reiterada -en tres oportunidades- y extorsión”.
