Luego de un jueves con marchas a la Legislatura que incluyeron incidentes, golpes, roturas e ingreso al hall y otra a la casa particular del Gobernador; el viernes tuvo otra reunión oferta-rechazo y cero resultados. Denuncia de violación en el acampe.
Pasó el octavo día de acampe y no hubo novedades halagüeñas. Volvieron las reuniones entre los manifestantes y los resultados fueron igualmente frustrantes: no hubo progresos. En el medio, el ataque a la Legislatura en plena sesión la noche del jueves permitió hallar a infiltrados que no pertenecían a los sectores de la policía, docentes ni empleados de la salud. Y finalmente, la Justicia recibió una denuncia de que durante el acampe, una mujer policía fue violada por otros dos camaradas.
Mientras los tres obispos de Misiones volvían a pedir más y más diálogo para salir de esta situación, la Justicia pidió urgente la devolución de los móviles retenidos en el acampe. El Fiscal en lo Penal, René Casals adelantó que el sábado por la mañana irán a retirarlos. La única vez que se presentaron, los policías no permitieron que se los retire.
La manifestación muestra signos de desgaste y muchos ya añoran sus casas, su comida y sus camas calientes en estas noches que -de pronto- se tornaron muy frías. La mañana del sábado 25 encuentra a Misiones con temperaturas de un dígito.
Los comerciantes de las cinco cuadras de la avenida Uruguay no dan más. Para colmo de males, una agente de la Policía de Misiones de categoría cabo denunció que fue abordada por dos camaradas de la fuerza y abusada sexualmente. El Fiscal de Instrucción N° 6, René Casals, intervino y se confirmaron las lesiones en la denunciante
El jueves -cuando se cumplían siete días del acampe policial- terminó siendo una jornada donde los manifestantes pasaron a la acción: Hubo una marcha (en especial de docentes) a la sede de la Legislatura que tenía una sesión ordinaria. Y también una “visita” a la casa particular del gobernador Hugo Passalacqua. En el primer caso, se constituyeron en el mayor enfrentamiento entre manifestantes y agentes de seguridad desde mediados de los 90 cuando se protestó por las leyes del Impuesto Sollidario de Emergencia (que recortaba salarios estatales).
Hasta allí se llegaron los docentes autoconvocados y avanzaron sobre las vallas instaladas. Las tumbaron y forzaron la entrada al hall del recinto. Allí hubo incidentes con empujones y gas pimienta. La sesión continuó pero duró poco: para las 20 ya se había terminado.
En el segundo caso, los manifestantes se trasladaron hasta la vivienda particular del gobernador Hugo Passalacqua pero no se registraron mayores incidentes.
Luego de una jornada donde los policías recibieron una nueva propuesta de mejora de sus haberes (dijeron que fue del 30%) y la misma -una vez más- fue rechazada en asamblea.
El acampe continuó en la avenida Uruguay. Se estima que hay 40 vehículos retenidos (pese a la orden judicial, los manifestantes no permiten retirarlos). Lineales son cuatro cuadras de la avenida más comercial de Posadas (una por arriba de Trincheras de San José hasta Pedro Méndez y tres para abajo de la misma casi hasta el arroyo Vicario) pero hay usadas varias laterales más. Así -según el informe de MOL- hay unas doce cuadras afectadas directamente por la medida de agentes y retirados policiales.
Además, comerciantes de la zona se vieron afectados en sus ventas y vecinos solicitan que dejen de quemar neumáticos. La caída de las ventas llega al 90 por ciento, se estimó entre los dueños de locales del lugar.
El día 6
El miércoles fue el sexto día de conflicto en Posadas. Iniciado el viernes por agentes y retirados de la Policía frente a la sede del Comando ayer se sumaron miembros del Grupo de Intervención Rápida (GIR) el conflicto escaló y tuvo réplicas en sectores como el docente y personal de Salud. El miércoles, de estos últimos, ocuparon parte del edificio del ministerio sobre Salta y Tucumán.
Así, un grupo conformado por docentes y personal de salud que rechazan los acuerdos alcanzados esta semana por el Gobierno provincial con sus respectivos gremios, y de integrantes de la Policía de Misiones, sector que aún no llegó a un acuerdo, se unieron el miércoles por la tarde en una marcha.
La manifestación partió desde delante del Ministerio de Salud de Posadas, poco después de las 16 y desembocó en la plaza 9 de Julio, tras recorrer el centro capitalino.
Estas protestas se mantienen en un contexto de negociación a través del cual las autoridades provinciales ya alcanzaron acuerdos salariales con los principales gremios docentes y de la salud, y con otros sectores que también se habían sumado a los reclamos, como los guardaparques, los que ya depusieron su protesta. Se trata de un intento de llegar a acuerdos que pongan fin al reclamo y se libere nuevamente la transitada avenida Uruguay (donde muchos comerciantes por lo bajo, admiten que no dan más), como también las rutas y calles en el resto de la provincia.
El martes 21 tuvo momentos especiales en la crisis de los policías en conflicto: Pese a que habían dicho que las llaves de los móviles que se llevaron a la protesta estaban “y que podían ir a retirarlos” cuando eso sucedió, hubo oposición. El relato efectuado por Primera Edición fue claro: La decisión dividió a los voceros Ramón Amarilla y Germán Palavecino, quienes eran partidarios de dejar salir las unidades, y a un grupo de activos que se opuso a esa decisión. Finalmente se acordó labrar un acta con ambas posturas. En el lugar hay cerca de una treintena de móviles policiales.
El jefe de la Policía Científica de la provincia, Juan Carlos Vázquez, traía la orden que dictó el juez, Ricardo Balor. Fue recibido por los voceros de la mesa de diálogo policial, Ramón Amarilla y Germán Palavecino, a quienes estuvo dirigido el oficio del magistrado. El mismo Amarilla había expresado hasta el cansancio que los móviles no estaban retenidos y que podían ser retirados “cuando quisieran” y, con esa premisa, recibieron a Vázquez. Sin embargo, cuando estaban por sacar el primero de los vehículos por una de las calles laterales, un grupo de los policías, integrado principalmente por activos, se opuso a la maniobra. El primer argumento fue el de pedir garantías para asegurarse de que esos coches no sufrieran daños intencionales al retirarse del lugar. Además, expresaron que la salida de los coches exponía a los choferes que los habían llevado y debilitaba el acampe. Se prometió labrar un acta en la que se dejó asentado que los delegados Amarilla y Palavecino no se opusieron a la entrega de los vehículos, pero el resto de los manifestantes puso reparos, con lo cual los móviles policiales continuarán en la protesta, hasta que la Justicia decida qué hacer.
Durante la mañana del martes, el fiscal René Casals fue muy duro con los manifestantes: “Todos tienen derecho a protestar y está amparado en la Constitución. Pero no pueden ir armados. Eso no. Si quieren reclamar que lo hagan, pero que no lleven las armas reglamentarias”, dijo una y otra vez en todos los medios en que habló.
Así confirguró la probable imputación de varios delitos a los manifestantes: entorpecimiento del transporte y de los servicios de seguridad, daños, robo, hurto e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Durante la jornada, docentes de la provincia bloquearon la ruta 12 en la zona del peaje y luego cortaron el puente Garupá en el acceso a Posadas. También en el norte hubo cortes en la zona del peaje de Victoria con docentes.
El acampe continuaba el martes y ya sin progresos a la vista.
Yendo en reversa
Pasó el lunes y no hubo progresos. El acampe continúa en la avenida Uruguay y aunque hubo reuniones en la Jefatura de Policía los resultados no fueron los esperados. La manifestación de policías en actividad y retirados continúa y a ellos se sumaron representantes de otras áreas como salud y docentes.
Además del corte sobre avenida Uruguay, hubo interrupción del tránsito sobre la ruta nacional 12, a la altura del peaje de Santa Ana. Allí estuvo una parte del sector docente con carteles que expresaban el reclamo. No obstante, durante el lunes 21 también se llevaron adelante diferentes reuniones que tuvieron como eje la cuestión salarial en el marco de un anuncio del Gobierno provincial de aumento a todas las áreas estatales.
A las 13, se reunieron los delegados de la Policía con representantes del Gobierno provincial en la Jefatura policial, en Posadas. Empero, pasadas las 15, el grupo salió y anunció que no llegaron a un acuerdo.
Luego de este intento frustrado de acercamiento y búsqueda de acuerdo, los policías y penitenciarios ratificaron el plan de lucha: afirmaron que se quedarán en el acampe hasta que haya una nueva oferta que sea adecuada a lo que solicitan.
Qué ofreció el Gobierno
El Gobierno provincial informó en redes el aumento que impactará en el sueldo de mayo y que elevará – por caso– de $510.941 a $853.748 el salario de un suboficial mayor. Y un comisario mayor, que en enero percibía $553.103 “en mayo cobrará $965.782″
El Ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, anunció aumentos en salarios para docentes y agradeció a los gremios que aceptaron. “Esto implicará sueldos que van desde los $400 mil hasta más de $1 millón, según el cargo y las horas trabajadas”
Un fin de semana a fuego y humo
Fue un día intenso el viernes 17 de mayo en Posadas. Desde temprano, las cubiertas ardían sobre la avenida Uruguay donde está la sede del Comando Radioeléctrico.
Pese a las negociaciones durante toda la jornada, no hubo progresos para desactivar el reclamo
El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, decidió en la noche del viernes convocar al Comité de Crisis para Misiones, con el objetivo de resolver la situación creada por la protesta que están desarrollando un grupo de integrantes de la Policía de Misiones, con el corte de calle en la avenida Uruguay y el acampe frente a la central del Comando Radioeléctrico de Posadas.
“Hace necesario el urgente esfuerzo coordinado del Estado Nacional y de la Provincia de Misiones en orden a restablecer la seguridad interior”, expresa la Resolución ministerial.
El Comité de Crisis funcionará “hasta tanto cese la situación que le dio origen y se reestablezca la seguridad en la provincia”.
En la Resolución, se expresa: “El Comité de crisis será presidido por la Ministra de Seguridad y copresidido por el Gobernador de la provincia de Misiones y estará integrado por los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.”
La Ministra de Seguridad y el Gobernador de Misiones, en su calidad de Copresidentes del citado Comité de crisis “ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad. Podrán convocar a todos los funcionarios y organismos que consideren necesarios para el mejor cumplimiento del plan dispuesto”.
Y agrega: “La Ministra de Seguridad delega en el Secretario de Seguridad y, el Gobernador, podrá delegar en el Ministro de Gobierno de la provincia de Misiones, la supervisión operacional de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad a empeñarse en operaciones de seguridad interior.
En ese sentido, dicho Ministerio y el Gobierno de Misiones comandarán a 200 gendarmes y a efectivos de las demás fuerzas federales, para resolver la situación creada en el marco de dichas acciones de protesta.
El ministro de Gobierno Marcelo Pérez tras la reunión del Comité de Crisis concretada el sábado 18, informó que el encuentro fue encabezado por el gobernador Hugo Passalacqua y el vicegobernador Lucas Romero Spinello y los jefes de las fuerzas federales y provinciales de seguridad informó que se realizó la denuncia penal correspondiente por los delitos “robo y hurto calificado, sedición e incitación a la violencia e interrupción de comunicaciones y transportes, entre otros delitos”.
El domingo 19 hubo un acercamiento cuando el Jefe de la Policía Sandro Martínez se acercó a la manifestación fue recibido con cánticos y expresiones en contra. Las fuerzas federales (entre ellas, efectivos de Gendarmería) hacían un cordón y Martínez pasó a dialogar con los referentes de la protesta, encabezados por Ramón Amarilla y Germán Palavecino.
“Dentro de la Ley todo, fuera de la Ley, nada”, dijo Marcelo Pérez, ministro de Gobierno, en un video que grabó para comunicar las novedades. Pérez advirtió que la protesta era de unos pocos que estaban cometiendo delitos como “sedición, robo, hurto e interrupción de las comunicaciones”.
La oferta oficial fue -según trascendidos- aumento del 15% y no fue aceptada. Los manifestantes además buscan que se retiren las causas judiciales y no sean pasados a retiro ni procesados por los delitos que se le imputaron ante la Justicia penal provincial.
Uno de los puntos de la negociación es “una amnistía” y que no caigan las causas penales al menos contra 40 efectivos activos y retirados. El Gobierno había avisado, tras la reunión del Comité de Crisis, que iba a hacerle pagar los daños y costos de la protesta a los referentes.
El lunes 20 estaba previsto otro encuentro pero este, en la sede de la Jefatura de Policía por calle Félix de Azara casi Santiago del Estero. SI el amable lector sube la vista hasta el primer párrafo, verá cómo sigue la historia.
