Pablo Otero está en un mal momento: acumula malas noticias desde que el Congreso aprobó las modificaciones fiscales y entonces su firma tabacalera deberá pagar impuestos como las demás. Y la Coalición Cívica lo denunció por lavado de dinero, asociación ilícita, evasión y presunto pago de coimas para evadir impuestos. También lo denunció un ex titular de la Afip
Los diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López y Marcela Campganoli, denunciaron a Pablo Otero, conocido como el “Señor Tabaco” y propietario de la Tabacalera Sarandí, por los delitos de cohecho, facturación apócrifa y subfacturación, apropiación indebida de tributos, asociación ilícita y de lavado de activos. La presentación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo.
Otero es el titular de Tabacalera Sarandí, la firma que evadió el impuesto mínimo a los cigarrillos desde 2018 y a la que la Corte, con un duro fallo el mes pasado, obligó a pagar una deuda que asciende a más de u$s 1000 millones. Según la denuncia de Juan Manuel López y Marcela Campagnoli, Otero pagó coimas a funcionarios de la AFIP en la gestión kirchnerista con el objetivo de que no se le ejecutara lo que debía y pudiera seguir incumpliendo el pago del arancel mínimo establecido por ley.
También fueron denunciados el ex titular de la AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández, Carlos Castagneto -actual diputado nacional- y otras cuatro personas, entre ellos Daniel Reposo, ex subdirector General de Fiscalización de la AFIP y que durante el gobierno de Cristina Kirchner fue titular de la SIGEN y candidato a procurador general de la Nación.
En la denuncia que ya tiene Lijo se plantea “la posible perpetuación de hechos ilícitos, conforme lo previsto en los artículos 174 y 177, inciso 1° del Código Procesal Penal”, por lo que los legisladores “venimos a formular denuncia penal a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos de Cohecho (art. 256 bis y 258 SS y CC del C.P.N.), facturación apócrifa, y subfacturación (art. 2 de la Ley 24.769 – Ley Penal tributaria-); Apropiación indebida de Tributos (art.6 Ley 24.769), Asociación ilícita (art 210 del C.P.) y de lavado de activos (art. 303 del C.P.N.)
Campagnoli y López plantean la existencia de “maniobras posiblemente ilícitas compatibles con posibles hechos de cohecho (pago y recepción de dádivas, en el vulgo, coimas) entregados por parte de Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A. a autoridades y personal de la AFIP con el fin de que no se le reclamasen sumas millonarias de dinero, adeudada en concepto de impuestos a la Administración Federal de Ingresos Públicos”.
En la denuncia se describe lo comentado en múltiples notas periodísticas (a los que Otero enviaba intimaciones tanto a los periodistas firmantes como a los medios en sí). Los legisladores dicen que “nos encontramos frente a una empresa que, bajo apariencia de licitud, habría estado involucrado en infinidad de maniobras ilícitas las que habrían sido desempeñadas por Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A. cometiendo múltiples y variados delitos penales”.
Y detallan: “Las medidas cautelares obtenidas fueron logradas de forma cuestionable, sin embargo, en el año 2022 la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó a la AFIP a que ejecute el cobro de las millonarias sumas que Sarandí adeudaba a dicho organismo por haberse acogido a las cautelares logradas en su favor”
Los denunciantes señalaron que desde 2018 Otero no paga impuestos al tabaco por medidas cautelares de la justicia que calificaron que fueron “logradas de forma cuestionable”, lo que permitió a su empresa no pagar cerca de 100.000 millones de pesos como tributo en una competencia desleal con otras compañías del sector.
Y cuando tres agentes de la AFIP encontraron los elementos incriminantes de Otero y su empresa fueron apartados de su trabajo y todo quedó stand by. “Personal de AFIP detectó la posible participación de Tabacalera Sarandí en el uso de facturas apócrifas, y que, lejos de continuarse el camino habitual y efectuarse la denuncia penal, se apartó a los agentes que tomaron intervención en ella”, sostuvieron y agregaron que Castagneto “por omisión de los deberes a su cargo o por haber sido parte activa del esquema delictual, podrían tener directa responsabilidad penal con los múltiples delitos presuntamente cometidos e investigados por Pablo Otero en su calidad de presidente de Tabacalera Sarandí S.A”.
La denuncia se basa en artículos periodísticos que se publicaron sobre el tema y los diputados señalaron que uno de ellos habla sobre el pago de cuatro millones de dólares a “diputados nacionales, miembros de AFIP, Gendarmería y la Policía Federal, con el fin de procurar que se retire de la Ley que se encontraba siendo tratada en el Honorable Congreso de la Nación, el articulado referente a los impuestos y tributos sobre la tabacalera”. La denuncia sostiene que lo mismo denunció penalmente la Cámara Nacional del Tabaco.
