En un municipio de Chaco (Taco Pozo), casi el 10 por ciento de la población obtuvo un certificado por discapacidad laboral ‘trucho’. En pagos de beneficios entraban 350 millones de pesos al año
La localidad chaqueña Taco Pozo ubicada en el extremo oeste de Chaco, en el límite con la provincia de Salta, tiene mucho más de 500 pensiones otorgadas a personas que con alguna presunta complicidad de profesionales de la salud que les facilitaron certificados para ser presentados ante la Anses (el organismo previsional de la Nación) a los fines de dar de alta pensiones por diferentes discapacidades.
La investigación está a cargo del fiscal federal Carlos Amad. En la causa está imputado el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, además de médicos ,“gestores” y tres directores de un hospital. Se secuestraron cuadernos con los montos que pagaban los “beneficiarios”.
El fiscal federal de Chaco, Carlos Amad investiga dos causas que involucran a miles de pensiones por discapacidad laboral truchas. En la primera, que detalla a unos 800 beneficiarios, representa el 10% del Municipio de Taco Pozo. En ese expediente fueron imputadas nueve personas, entre los que están el intendente Carlos Antonio Ibáñez, médicos, directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima y “gestores”, vinculados a la organización, que cobraban hasta $30.000 para iniciar los certificados con datos falsos y dar origen al expediente que, en su etapa final, sería aprobado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El dinero exigido por parte de los “reclutadores” constan en varios cuadernos secuestrados en los allanamientos.
La Justicia Federal ordenó el allanamiento de las oficinas de desarrollo social de la Municipalidad de Taco Pozo, en busca de documentación de interés para la causa que se investiga por supuestas irregularidades en el otorgamiento de pensiones nacionales a personas que no están enfermas.
Hoy, una pensión por discapacidad está en los $120.000 por cada beneficiario. Si se toma como número 500 pensiones truchas se estaría hablando de un desembolso del Estado de $350 millones al año, solo en la localidad de Taco Pozo.
Cada pensión no contributiva son unos 120 mil pesos (más los gastos de obra social) y sólo en el año eran 350 millones de pesos para Taco Pozo
La investigación apunta a la complicidad también del área política, teniendo en cuenta que la base de las gestiones para este tipo de beneficios se realizan desde la comuna local.
Con los elementos que ya tiene en manos el fiscal Amad se pudo detectar a algunas personas les dieron certificados por incapacidades por un 60/70% y en la realidad, no tienen enfermedades que tengan que ver con ese grado de incapacidad.
Hay casos insólitos, que serán dados a conocer a medida que avance la investigación, donde se pone en evidencia enfermedades inexistentes y algunas que ni siquiera se ajustan a una eventualidad incapacidad.
Hubo personas que el médico y el bioquímicos (siempre los mismos) certificaron 60/70% de discapacidad y no tenían nada
Además llamó mucho la atención que siempre intervino el mismo médico y el mismo bioquímico”.
La investigación se había iniciado a partir de una denuncia en la que se puso como caso testigo el municipio de Taco Pozo, que tiene 9500 habitantes, a partir del año 2021 había 208 personas que fueron beneficiadas con pensiones por discapacidad. Un año más tarde, en 2022 aparecieron 288 personas de las 9500, y todavía falta saber la cantidad otorgada en el año 2023, informó el diario Norte de Chaco.
