Se trata de siete policías. Están acusados de los severos delitos de sedición y conspiración por atentar contra el orden constitucional. Se trata de agentes tanto activos como pasivos que eran parte de un grupo de WhatsApp junto al oficial aprehendido el lunes. Entre los involucrados se encuentra el vocero, Ramón Amarilla quien se entregó la noche del jueves
El acampe policial de mayo pasado fue noticia nacional. Decenas de patrulleros así como camiones de autobomba de bomberos se estacionaron frente a la sede del Comando Regional de la avenida Uruguay y allí, durante trece días, tuvieron en vilo a la comunidad misionera. El final fue un acuerdo entre autoridades y policías. Pero hubo un detalle.
El juez de Instrucción 6, Ricardo Balor y su fiscal, René Casals, lo sostuvieron siempre: “Acá hubo delitos penales que no pueden ser soslayados con decisiones administrativas”. Y así fue.
Ahora, hay 21 efectivos de la fuerza (activos y retirados) que primero quedaron acusados de robo de vehículos, pero luego y más adelante, en el análisis de un grupo de Whatsapp, los investigadores descubrieron mensajes cruzados que señalaban un intento de desestabilización institucional que cae en la figura de sedición y conspiración del Código Penal. Y de esos 21, existen siete que ya están detenidos por orden de la Justicia.
¿Qué es lo que hallaron al peritar un celular? Encontraron un grupo de WhatsApp llamado “solo cola” donde ocho efectivos, entre los que había activos y pasivos, presuntamente organizaban incendiar malezas y patrulleros para “forzar la salida de los cuarteles de bomberos de las autobombas y así, en el lugar de los hechos, robarlas para bloquear avenidas y calles”.
El efectivo de la comisaría Décima fue denunciado por un compañero de la misma, (lo había llamado para preguntarle si se sumaba a nuevas protestas como la toma de la Jefatura o en las viviendas particulares de funcionarios). Tras el llamado, el receptor de la misma decidió realizar una exposición que derivó en la intervención del juez Fernando Verón y el secuestro del celular del aprehendido para peritajes.
El objetivo final, de acuerdo a los mensajes, era lograr la amnistía administrativa y judicial por lo ocurrido en mayo con el acampe frente al Comando Radioeléctrico, como así también un aumento salarial superior al 5% que anunció la policía. Además, desde la Policía indicaron que los efectivos en cuestión “tendrían entre sus planes destituir a la cúpula policial y generar malestar en la ciudadanía misionera”, según informó Primera Edición.
El artículo 229 del Código Penal es claro: Serán reprimidos con prisión de uno a seis años, los que (…) se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley”.
Todo empezó el lunes 16 de septiembre. El oficial Diego C., quien ya se encontraba imputado en una causa por presunta sedición iniciada hace casi cuatro meses, fue detenido al mediodía por orden del Juzgado de Instrucción 3 de Posadas. La detención se realizó en el marco de una nueva denuncia que lo acusaba de instigar a la toma de la Jefatura de Policía de Misiones.
El juez de instrucción 3, Fernando Verón, decidió avanzar con la detención del uniformado, además de ordenar el secuestro de su teléfono móvil personal, el cual fue remitido a la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (SAIC) para ser peritado. Diego C. permaneció alojado en la Comisaría Segunda de la Unidad Regional 1 de Posadas, mientras se desarrollaba la investigación.
Y allí es donde los peritos descubren el plan sedicioso. Y el artículo 226 del Código Penal es claro: “Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales”.
El jueves 19, junto al oficial Diego C quedaron otros cinco más. Solo faltaba Ramón Amarilla. Esa noche, junto a su abogado Ramón Grinhauz se presentó ante la Justicia para quedar detenido.
