Roberto Bonetti, un vecino del Teyú Cuaré, en San Ignacio posee una reserva privada y denunció que los propietarios de tierras de esa zona sufren “usurpaciones por de grupos que se identifican como parte de la comunidad Mbya guaraní”, indicó.
El productor Roberto Bonetti de Tuyú Cuaré en San Ignacio, decidió apelar al Presidente Milei. Le escribió una extensa carta donde denuncia que es víctima de avasallamiento en su propiedad por parte de integrantes de pueblos originarios que, armados con palos, arcos y flechas, expulsaron de su propiedad privada a “una humilde familia que oficiaba de cuidadora del predio”.
Bonetti relató que lleva cuatro años lidiando con esta situación y que “las autoridades locales facilitaron el ingreso de estas comunidades a la zona tras la sanción de la Ley 26.160, la cual declara la emergencia territorial indígena y prohíbe los desalojos en todo el país”.
Señaló que es una región donde están las Ruinas Jesuíticas y que “algunos intendentes trajeron hace algunos años a estas comunidades indígenas y las plantaron después de la sanción de la mencionada ley. No se sabe si lo hicieron para conseguir más votos o por otros intereses. Hicieron un fraude con el relevamiento territorial, que llevó a cabo el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”, destacó.
“Atentar contra la propiedad privada es un crimen y está señalado por el Art. 7.1.h del Estatuto de Roma. En Argentina existe un plan sistemático de avasallamiento de la propiedad privada con la excusa del indigenismo. La ley 26.160 es un fraude y tiene como finalidad brindar un marco legal a este plan anticapitalismo”, indicó Bonetti en su Facebook.
Para Bonetti, “…detrás de estas agresiones a la propiedad privada esta el equipo nacional de la pastoral aborigen, un grupo de pseudos religiosos, foquistas, que están escondidos en la religión y pretenden otorgar soberanía dentro de nuestro país a descendientes de antiguos pueblos indígenas que no reconocen a los argentinos”.
En octubre pasado, Bonetti y un grupo más extenso de propietarios logró reunirse con el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (hoy denominado secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación) Claudio Avruj (el mismo Bonetti ya lo había hecho en particular en septiembre con el mismo funcionario) y hubo avances.
Así sus expresiones fueron: “Hoy los vecinos de Teyú Cuaré dimos un paso importante en la lucha contra las usurpaciones. Por primera vez los propietarios que tienen sus parcelas usurpadas fueron escuchados por las autoridades nacionales competentes en la materia. Se abrió una instancia de dialogo y revisión de lo actuado por anteriores administraciones y esperamos avanzar en una solución superadora para todas las partes implicadas. Muchas gracias a Claudio Avruj y Sonia Ochoa por escucharnos y a Analía Labandoczka por las gestiones y el apoyo. Una Argentina sin propiedad privada es inviable, seguiremos defendiendo el patrimonio de los misioneros!”
Tras la reunión con integrantes del Inai se decidió armar una mesa de diálogo y “abrir el expediente del relevamiento” de tierras. “Queremos una solución superadora para las dos partes. No les tenemos bronca, queremos respeto a la propiedad nada más, podemos convivir pacíficamente”, aseguró Bonetti quien señaló además que se está creando una comisión vecinal para abordar estas cuestiones.
En esa misma línea, añadió: “Los propietarios no les echamos la culpa a los mbya, porque sabemos perfectamente que hay una organización que es la que está promoviendo todo y delante nuestro les mienten a los a los caciques diciéndole que por el hecho de haber relevado como su territorio ellos tienen derecho a hacer cualquier cosa”.
Bonetti no la pasa bien: “Estoy sufriendo amenazas y un cacique tiene restricción de acercamiento porque me amenaza continuamente que me va a quemar la camioneta, que me va a quemar el campo. Tengo una reserva natural privada que está al lado de una chacra que ellos usurparon. Entonces cada vez que yo voy a patrullar la reserva para ver cómo está ellos me cortan el camino, me aparecen todos con machete, me rompieron todos los carteles de la reserva”.
El cambio de gobierno nacional significó un giro copernicano o de 180 grados: lo que antes era apoyo incondicional a los reclamos de territorios ancestrales supuestamente atribuidos a los primeros habitantes del lugar ahora son restituidos. Es conocido el caso en que las autoridades nacionales decidieron restituir dos hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi que el gobierno de Alberto Fernández le había cedido a una organización cuyo líder es cercano al dirigente social Juan Grabois.
“La entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo a presuntas comunidades indígenas no es una novedad. Se reconocieron en ese gobierno 221 comunidades sin demostrar pertenencia a comunidades indígenas. Y 81 de esos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden”, señaló el vocero presidencial Manuel Adorni.
