El fiscal federal que acusó a Cristina Fernández llegó a recibir una macabra advertencia del presidente Alberto Fernández: “Ojalá que no se suicide como Nisman”, se lo oyó decir. Cuando a Nisman lo mataron, según 38 peritos que participaron de la reconstrucción de la muerte del Fiscal que antes había acusado a Cristina
La pasó mal. Durante tres años, mientras gobernaba Alberto Fernández con Cristina Fernández de vicepresidente, el fiscal federal Diego Luciani debía analizar las pruebas que había en contra de la segunda. “Padecimos intromisiones inconcebibles por parte del (entonces) Presidente de la Nación, de sus ministros, de sus funcionarios, en especial durante los alegatos. Yo, mi familia, el doctor Mola, fuimos sometidos a operaciones mediáticas tendientes a desestabilizarnos y, justamente, amedrentarnos”, señaló. Y adjudicó este “hostigamiento” a “los medios de comunicación colonizados por la corrupción”.
Quizá algunos lo olvidaron, pero lo que dijo Alberto Fernández es terrible y también merecería un análisis per se. “El mismo presidente de la Nación, dos días después de terminado nuestro alegato, alzó su dedito y dijo: ‘Nisman se suicidó. Yo espero que Luciani no se suicide’. Mis hijas estaban mirando la televisión en ese momento. La hipótesis investigativa es que a Alberto Nisman lo mataron”.
Para entender esto: no se trata de una opinión de Luciani.
Los peritos de Gendarmería Nacional reconstruyeron el baño del departamento exactamente igual (escala 1:1) de donde estaba Nisman cuando fue hallado muerto. La conclusión (que llegó en 2017) fue concluyente: el fiscal Nisman fue asesinado a sangre fría. El debate técnico se hizo frente a una réplica exacta del baño donde apareció muerto el fiscal federal, y tuvo como protagonistas a 34 peritos que representaban a las partes en conflicto y a la Gendarmería, designada por la justicia para determinar qué había pasado.
Ergo: A Nisman lo mataron.
Alberto Fernández, el profesor de Derecho (dictaba clases sobre Teoría General del Delito y Sistema de la Pena se daba el lujo de soslayar lo que 38 peritos y especialistas técnicos habían determinado.
“En un país como el nuestro, donde desde hace muchos años, tenemos cifras inaceptables de personas en situación de pobreza, el saqueo de bienes del Estado es un acto execrable. Frente a estas consecuencias tan graves, es imprescindible mantener una posición infranqueable de tolerancia cero a la corrupción”, continuó el titular de la Fiscalía Nº 1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal en el auditorio del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).
Y durante tres años, no la pasó bien. Nada bien. “Padecimos intromisiones inconcebibles por parte del (entonces) Presidente de la Nación, de sus ministros, de sus funcionarios, en especial durante los alegatos. Yo, mi familia, el doctor Mola, fuimos sometidos a operaciones mediáticas tendientes a desestabilizarnos y, justamente, amedrentarnos”, señaló. Y adjudicó este “hostigamiento” a “los medios de comunicación colonizados por la corrupción”.
Luciani atravesó avatares junto al fiscal Mola y el equipo de trabajo durante el juicio de Vialidad, que se extendieron por tres años, entre mayo de 2019 y diciembre de 2022, con una suspensión del proceso en el medio durante la pandemia. “No descansamos ni un solo día para tratar de que se reanudara de diferentes maneras. Había mucha resistencia para que eso suceda”, aseguró.
“Juzgar al poder mientras está en el poder
es una tarea titánica que pone a prueba nuestra fortaleza mental y nuestras convicciones”
Para este abogado especializado en la cuestión, “es fundamental, además, visibilizar y exhibir los graves costos de la gran corrupción; eso puede contribuir a generar una reacción saludable por parte de la ciudadanía y a fomentar una cultura de integridad”.
“Juzgar al poder mientras se está en el poder es un trabajo titánico, de mucho esfuerzo, que pone a prueba nuestra fortaleza mental, nuestras convicciones y nuestras propias limitaciones. Nosotros padecimos, casi en soledad, situaciones impensadas en democracia”, sostuvo Luciani, quien tuvo a cargo -junto a su colega Sergio Mola– la acusación en el juicio de Vialidad en el que terminó condenada la ex presidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión. La ex mandataria fue acusada del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por el direccionamiento de obras viales en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. La sentencia incluyó al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, y a otros ex funcionarios, además de a Báez.
El fallo fue apelado y aguardó una definición de la Cámara Federal de Casación Penal hasta el miércoles 13 de noviembre de 2024.
Un doctorado para acusar correctamente
A Diego Luciani el juicio contra Cristina Kirchner le cambió la vida. Por la seguridad y la popularidad. Desde que pidió una condena de cárcel para la entonces vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, va con custodia a todos lados, y dejó de lado el bajo perfil judicial para que su rostro sea conocido.
El juicio le cambió la vida: desde que
pidió condena de cárcel para Cristina va
con custodio a todos lados
A menudo le quieren regalar el vino cuando sale a comer con la familia; en otras ocasiones lo aplauden en un restaurante o se acercan a su mesa para felicitarlo, mientras sus hijos de entre 9 y 18 años, se mueren de vergüenza. Hasta el gimnasio gratis le ofrecieron.
Hernán Cappiello de La Nación trazó un perfil de Luciani
En agosto de 2018, cuando sabía que debía enfrentar este complejo proceso, buscó especializarse y eligió un doctorado de la Universidad de Barcelona como especialista en corrupción y contratación pública.
A medida de una causa donde el centro del caso serían las licitaciones públicas, con sospechas de sobreprecios y direccionamiento.
Su doctorado en ‘Corrupción y contratación pública’ le dio las herramientas para hacer la acusación y con el cursado de Derecho Administrativo pudo analizar las pruebas del juicio. Se recibió con Sobresaliente y
cum laude (con honores)
Entonces se financió el posgrado y empezó a seguir las clases desde las 5.30 por Zoom antes de ir al despacho en los tribunales. Viajó a España para rendir las pruebas de seguimiento.
Sumó millas en Derecho administrativo, clave para analizar la prueba del juicio, y se recibió en noviembre del año pasado como doctor en Derecho (con sobresaliente cum laude).
Su tesis doctoral se tituló “La corrupción en la contratación pública”, y la dirigió la profesora María José Rodríguez Puerta. El tribunal estuvo integrado por Fermín Morales Prats, Ángeles Jareño Leal y Jordi Casas Hervilla.
Y ahí llegó el momento crucial de su vida
“Luciani se plantó del lado de la prueba”, describió un experimentadísimo fiscal federal.
Para Luciani, los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, pasando por sus ministros y sus funcionarios provinciales, se organizaron para poner el Estado al servicio de la realización de una descomunal defraudación para apropiarse del dinero de todos los argentinos.
Esta fue la idea central de su alegato y el de su colega, Sergio Mola. Luciani dio muestras de aplomo, conocimiento y una dosis no menor de valentía para acusar con contundencia en el juicio más importante de su carrera.
Pero lo suyo no fue la tarea de un llanero solitario que se erige como un nuevo fiscal anticorrupción, sino el cumplimiento de un rol funcional, el de fiscal. Detrás de su trabajo estuvo todo el Ministerio Público Fiscal, ese organismo extrapoder que no pertenece ni al Poder Ejecutivo ni al Judicial, con autonomía funcional y autarquía financiera, donde los fiscales no deben recibir órdenes ni de presidentes, legisladores o jueces, y donde su jefe, el Procurador General de la Nación, en este caso Eduardo Casal, no puede darles indicaciones particulares. Los fiscales son los representantes de la sociedad en los juicios: “el pueblo” lo llaman en el sistema norteamericano. Pero detrás de la acusación que comenzó a desgranar Luciani estuvieron, por un lado, los fiscales que recogieron la prueba durante la instrucción de esta causa, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques; y por el otro, el apoyo institucional de la Procuración General.
El aplomo y el estilo teatral es el rasgo que destacan quienes lo observaron cuando a principios de año interrogó al Presidente como testigo en el juicio. Fernández, incómodo ante las preguntas y cuando el fiscal insistía en obtener una respuesta, lo ninguneó, irónico, y le preguntó si tenía problemas de audición o de entendimiento. “No me falte el respeto” , frenó Luciani al Presidente. Dos veces.
Es fiscal de juicio oral ante los tribunales federales desde 2013, cuando obtuvo condenas contra los importadores de la efedrina usada por los carteles mexicanos para fabricar drogas sintéticas.
Logró condenar a Armando Gostanian, expresidente de la Casa de la Moneda y amigo de Carlos Menem, por peculado.
Y obtuvo la condena de un juez federal, Carlos Liporace, en una causa por un dinero que percibió la curtiembre Yoma.
Más recientemente logró la condena de Romina Picolotti en una causa por el uso en beneficio propio de fondos públicos, y antes obtuvo condena de otro extitular de la Casa de la Moneda por acuñar monedas con la cara de Maradona en beneficio de la empresa que las hacía.
Hasta la causa Vialidad, el caso de corrupción más resonante en el que había intervenido fue el de la recuperación del predio de Tandanor, una causa que estaba casi muerta, y que terminó con condenas y en el que se restituyó al Estado el predio donde funciona la empresa, uno de los terrenos más valioso de la ciudad de Buenos Aires. Allí pidió extraer testimonios para investigar a Carlos Menem por el caso.
Lo que buscaron y hallaron
El caso de Austral Construcciones y la Causa Vialidad, por la que el fiscal Luciani pidió doce años de prisión e inhabilitación permanente para la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, fue un monstruo de mil cabezas que encontraron los fiscales encerrados en el baño del sótano. Es muy importante entender que no se trataba de un caso llamativo de “corrupción del sistema”. Lázaro Báez no era otro proveedor más. Cuando estábamos preparando el “desembarco” de 2015, uno del equipo había conseguido la lista de los contratistas que más habían facturado (información que ahora está disponible en Internet) y nos dijo: “Hay un tapado y no es ninguno de los que esperaba”.
Y ahí estaban las tres empresas del grupo Báez, por encima de los tipos que hicieron El Chocón, la Panamericana, Zárate-Brazo Largo o Atucha.
El caso de Austral Construcciones fue algo distinto, inédito en la historia de la corrupción de la obra pública en la Argentina. Fue un proceso armado de punta a punta a medida del empresario favorito del máximo poder del Estado para derivar un 11% del presupuesto de Vialidad sin dejar prácticamente nada a cambio. Luciani probó que se desvanecieron casi 1000 millones de dólares en 12 años. ¿Cuánto será lo que no se pudo probar todavía? No eran sobreprecios, no era una trampa ni un vuelto. Era una estafa, lisa y llanamente. Todos los actos de corrupción relatados hasta acá son graves y repudiables, pero el caso de Austral Construcciones es muchísimo peor porque delata un régimen tiránico en donde las instituciones fueron puestas totalmente entre paréntesis para cumplir un deseo particular de los jefes, Néstor y Cristina Kirchner. Era literalmente un tributo a la corona, escribió Eduardo Plasencia en Se.ul.
“La corrupción no ocurre de un día para otro. Es una espiral de vicio y falta de virtud que encubre un profundo desprecio por el bien del otro, se apalanca en la ignorancia y se excusa en la propia compasión. Desde el inspector que siente que su sueldo es una miseria al Presidente que pide una “comisión a la Patria”. Es una espiral que empieza desde lo aparentemente inocente y que puede crecer hasta llevarse puesto los derechos de otros y convertirse en el iceberg que hunda a la misma República. Por eso nunca puede quedar impune y por eso hay que luchar contra ella hasta en los mínimos detalles, sabiendo que siempre algo queda y que el primer ganador es la propia conciencia”, remató Plasencia.
