Aun con algunos arreglos y avances para la toma de personal, la obra paralizada no da señas de reactivación. La contratista busca presentar una planilla con nuevos costos y obtener la aprobación antes de fin de año. Para así, en 2025 arrancar con todo
Se paralizó a fines de 2023. El gobierno de Alberto Fernández naufragaba por todos lados y se había olvidado completamente de la mayor obra de infraestructura para provisión de energía limpia en el país. Los socios paraguayos confiaban en que habría una contemplación de mayores gastos (una mecánica habitual en la administración de los Fernández) y resultaba que se había gastado mucho más de lo que el progreso de la obra permitía.
En dos años, habían recibido nada menos que 180 millones de dólares. Y es mucho dinero. Hay que tener buenos gerentes administrativos y financieros para poder gestionar semejante cantidad de fondos. Porque si no, luego vienen los rojos indeseables en los balances. Así, la construcción e instalación de las máquinas que operarán las tres gigantescas turbinas que extraerán energía del río Paraná entró en un parate.
La firma que fue beneficiaria del contrato de concesión -aparentemente- no tenía el expertize ni el know how suficientes para gestionar semejante emprendimiento. Y sus directivos dijeron muy sueltos de cuerpo: “Si no nos dan más plata, no hay avance y empezamos con las suspensiones de personal”.
En ese ínterin Alberto y Cristina Fernández pegaron las hurras y se fueron.
Los contratistas recibieron 180 millones de
dólares y no hicieron avanzar las obras en
función de ese monto. Ahora piden más
Con la suspensión de obras, aparece un montón de obreros (para que se note ‘el impacto social’) sin trabajo y protestando y los intendentes y gobernadores empiezan a pegar el grito al cielo y mueven influencias para “destrabar más fondos”.
Así se arrancó el 2024, y el gobierno argentino (el único proveedor de fondos y de garantías) pegó el aviso: “No hay plata”.
Y así se paralizó todo.
Siete meses después, lentamente empezó a destrabarse el conflicto.
A raíz de esa situación, la firma encargada de la construcción de la central en el Brazo Aña Cua procedió a la contratación de un grupo reducido de personas con el objetivo de poner a consideración una adenda al monto del contrato que fue adjudicado en su momento, atendiendo principalmente a la variación de los costos en relación con el tiempo transcurrido desde el momento de la adjudicación del proyecto.
El grupo constructor culpó a la Argentina por su descalabro financiero pese a que cobraba en dólares los aportes. Y no se fijó en su mala administración de los recursos financieros
El Consorcio busca presentar lo antes posible los nuevos costos ante Yacyretá y obtener la aprobación antes de finales del presente año y así poder reiniciar los trabajos a principios del 2025.
Y Paraguay lo siente también pese a que es Argentina la que precisa energía.
La paralización de los trabajos genera a Paraguay una pérdida de entre 70 y 90 millones de dólares al año. Además, con la suspensión de los trabajos, se produjeron despidos de aproximadamente 1200 obreros paraguayos y argentinos.
Como Argentina dejó de pagar, la nación guaraní optó por usar la energía que antes le daba a su socio.
La obra Aña Cuá iba a ampliar en un 10% la capacidad instalada de la generación de la represa hidroeléctrica binacional Yacyretá. Se trata de un brazo sobre el río Paraná que hoy es todo represa. Ahora se le perforarán tres agujeros y colocarán sendas turbinas.
