Aunque el Gobierno nacional decidió que la situación de Andrés Edgardo Vázquez no merecía objeciones, tras la denuncia del diario La Nación, un fiscal federal se inmiscuyó en las cuentas del polémico director de la DGI.
Hubo una funcionaria nacional que compró una cafetera muy cara. Pagó 2 millones de pesos. Cuando el presidente Javier Milei se enteró, lanzó la voz cortante: “Afuera!” fue el grito. Y la funcionaria terminó en la calle. Ahora acaba de difundirse que Andrés Edgardo Vázquez sacó del país cerca de 2 millones de dólares y los colocó en paraísos fiscales, entre otros en Islas Vírgenes Británicas. Y desde allí, sus sociedades (encabezadas por él mismo y sus hijas) compraron tres departamentos en Miami. Hasta ahí, con un poco de esfuerzo, puede tolerarse la situación. Pero lo que muchos preguntan es por qué Andrés Edgardo Vázquez nunca declaró estas operaciones en la Oficina de Anticorrupción del país.
Ahora pasó a ser objeto de análisis por la Justicia de su país. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación para determinar si el jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, incurrió en uno o más delitos al adquirir tres propiedades en Estados Unidos, por al menos u$s 2 millones, a través de una estructura societaria que montó en paraísos fiscales. Esos bienes no figuran en la declaración jurada que el funcionario está obligado a presentar ante la Oficina Anticorrupción (OA).
El propio vocero Manuel Adorni relativizó la situación al indicar que los casos databan de años anteriores y que de alguna manera habían caducado. Y que además, los bancos del exterior que manejaban estos datos no quisieron colaborar en enviar la data sobre Vázquez y que el juez encargado de la causa decidió archivarla.
Alconada Mon acotó que Vázquez administra dos propiedades en Miami en la actualidad -la tercera la vendió-, mediante un entramado de empresas en las que tiene participación accionaria desde hace doce años.
En este punto, se aprecia cierta laxitud en el Poder Ejecutivo Nacional con respecto al tratamiento de los casos: si es una cafetera se echa al responsable; si es una cuenta en cientos de miles de dólares se relativiza.
Hay un dato sugerente acerca del funcionario del que se tienen muy pocas imágenes (es cultor de un perfil ultrabajo) ya que cuando Vázquez fue designado al frente de la DGI por Javier Milei, a fines de octubre pasado, solo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estampó su aval junto al Presidente. Otros altos funcionarios plantearon objeciones a su nombramiento, incluida la entonces titular de la AFIP, Florencia Misrahi, quien se negó a firmar el documento. Tampoco aceptó firmarla el ministro de Economía, Luis Caputo, ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Hay que recordar que en virtud de la Ley de Ética Pública, vigente desde 1999, los funcionarios del nivel de Vázquez deben presentar ante la OA una declaración jurada que detalle todos sus bienes inmuebles y muebles y participaciones accionarias (incluidos los de su cónyuge). Ese reporte hay que actualizarlo cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, establecido en el artículo 268 del Código Penal, con penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
