Se trató de una maniobra en las postrimerías del gobierno anterior. El dólar oficial llegó a tener una diferencia de 200% que el blue. Se pedía permiso para importar al Banco Central y una vez autorizado, los dólares recibidos en vez de servir para pagar productos del exterior se vendían en el mercado negro con ganancias inmensas
La presunta estafa con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) es una investigación judicial por corrupción que involucra el pago de sobornos para liberar permisos de importación y acceder al dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández (2022-2023). Hay dos jueces y dos fiscales que llevan adelante investigaciones paralelas y los hallazgos son notables.
A inicios de 2023, la distancia entre el dólar oficial y el blue era de aproximadamente 100 por ciento: para la venta estaba 191 en oficial y 383 en el mercado paralelo. Pero al final del año (octubre) el oficial era 365 pesos y el blue, 1100 con que la distancia era de 200%
La causa, liderada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, estima un desfalco al Estado de entre 7000 y 15 mil millones de dólares.
Hace poco, el fiscal Franco Picardi hizo un trabajo de orfebre en la causa que investiga la corrupción del último gobierno kirchnerista con las SIRA, el sistema que creó para autorizar las importaciones al valor del dólar oficial, recordó La Nación. Debe aclararse que eso sucedió cuando la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue era por momentos del 200 por ciento. Las ganancias por las autorizaciones incorrectas fueron monumentales. El juez Lijo delegó la investigación en el fiscal Picardi, quien comprobó que se pagaron comisiones (coimas, dicho con palabras sencillas) de entre un 10 y un 15 por ciento del valor de las supuestas importaciones que se autorizaban. Picardi acaba de pedir que se levante el secreto fiscal y bancario de una larga lista de exfuncionarios y de intermediarios que hacían presuntamente los negocios deshonestos.
Los exfuncionarios investigados por semejantes maniobras corruptas son Sergio Massa, exministro de Economía; Guillermo Michel, extitular de la Aduana, y Matías Tombolini, exsecretario de Comercio en tiempos de Massa. Durante la campaña presidencial de 2023, Patricia Bullrich llamaba “Tongolini” a Tombolini.
Pero hay más, porque para que la maniobra pudiese llevarse a cabo estaban los intermediarios que eran las personas que recibían los dólares “baratos” y los reducían en las cuevas y agencias de cambio.
En paralelo, la jueza María Servini también atiende la causa y a pedido del fiscal Carlos Stornelli dictó un embargo preventivo por $859.516 millones sobre los bienes del financista Elías Piccirillo, sus socios y otros 160 propietarios de agencias de cambio, se aceleró la investigación por presuntas maniobras con el dólar blue. En el marco de este expediente, que analiza el llamado «rulo financiero» durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se indagan las autorizaciones para realizar importaciones a través del sistema SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), esquema que fue eliminado por la gestión de Javier Milei al asumir el 10 de diciembre de 2023.
Así, estas divisas fueron vendidas a bancos al valor del dólar oficial y luego liquidadas al doble o al triple en el mercado paralelo.
El pendrive que cambió todo
La segunda causa es impulsada por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo. El expediente se inició en abril de 2025 tras los audios aportados por Carlos «El Lobo» Smith, un expolicía que trabajaba en el área de seguridad para Piccirillo —quien actualmente cumple prisión domiciliaria—.
Las grabaciones estaban contenidas en un pendrive que Smith presentó al declarar como arrepentido. El testigo, que además de las tareas de custodia redactaba informes y analizaba causas, reveló que el dispositivo había quedado en la guantera de su camioneta BMW X6 cuando presuntamente le «plantaron» dos kilos de droga a Francisco Hauque, exsocio de Piccirillo, con quien este último mantendría una deuda de u$s 6 millones. Tras ordenar el registro del vehículo, el juez halló el dispositivo. Hasta el momento, la investigación de Lijo y Picardi ha detectado movimientos sospechosos por más de u$s500 millones entre bancos y casas de cambio.
La jueza Servini sostuvo que, entre el 1° de enero y el 1° de septiembre de 2023, las entidades investigadas informaron al BCRA operaciones de compra de moneda extranjera por $475.533.114.424 y ventas por $418.278.740.007. Según el expediente, el 96% de los fondos fue percibido por firmas como Arg Exchange S.A., Mega Latina SA, Stema Cambios SA, entre otras.
Funcionarios del BCRA bajo la lupa por complicidad
El expediente más sensible apunta a la supuesta connivencia entre funcionarios públicos y cambistas. El fiscal Picardi tiene bajo la lupa a cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, encargados de fiscalizar a las casas de cambio. También se investiga a la auditora externa Valeria Fabiana Fernández, quien habría suscrito los estados contables de firmas clave del esquema.
La justicia considera que la brecha cambiaria —que en 2024 llegó al 200%— fue el motor de este negocio. El esquema contaba con tres elementos clave:
- Dólares físicos que salían de los bancos
- Agencias de cambio para su comercialización
- Una demanda constante en el mercado paralelo
Es pertinente recordar que la primera investigación sobre el otorgamiento de las SIRA surgió de una denuncia mediática realizada por el periodista Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina el 6 de junio de 2023. Allí se expuso un presunto sistema de sobornos (estimados entre el 10% y el 15% del monto de las operaciones) que involucraría a operadores vinculados al Frente Renovador. Aunque inicialmente la causa en el juzgado de Eduardo Taiano no prosperó, la nueva evidencia obligaría a la justicia a retomar el hilo conductor.
Fuentes La Nación e iProfesional
