Es lo que resulta del cálculo que se realiza a partir de los dineros que recauda nación en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y que son desviados a otros fines. Los fondos se originan cada vez que un automovilista o chofer de camión carga nafta o gasoil. Y luego, por ley, debería ir destinado a la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales. Nada de eso está ocurriendo
Misiones tiene acreencias ante Nación por 25 mil millones de pesos que deben ser destinados a obras públicas viales y que corresponden a los primeros seis meses del año en curso. Así, esos 10 millones de dólares deberían estar siendo transformados en rutas y caminos del territorio provincial que los necesita como el agua en el desierto.
El monto total del ejercicio realizado por la consultora Galois, que dirige Rodolfo Correa Becker, alcanza los $784.290 millones en el primer semestre. La cuenta parte de una recaudación acumulada del impuesto de $3.839.125 millones entre enero y julio. Luego de descontar el 1,9% correspondiente a ARCA, el 35,44% equivale a $1,3.billón de pesos.
Si se aplica el régimen de coparticipación, las 24 jurisdicciones recibirían en conjunto $784.290 millones y el resto correspondería al componente nacional del esquema.
“El ejercicio permite dimensionar, de manera acotada, el planteo que los gobernadores no consiguieron convertir en ley, como es transformar recursos administrados mediante fondos específicos en transferencias directas a las provincias. No reproduce exactamente el proyecto de ley del año pasado de los gobernadores, ya que contemplaba una masa mayor y un criterio de reparto diferente, explicó Correa Becker.
En el listado de reparto elaborado, detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, aparecen Chaco, $37.792 millones; Entre Ríos, $36.989 millones; Tucumán, $36.041 millones; Mendoza, $31.590 millones; y Santiago del Estero, $31.298 millones.
Luego se ubican Salta, $29.037 millones; Corrientes, $28.161 millones; Formosa, $27.578 millones; San Juan, $25.608 millones; y Misiones, $25.024 millones.
En el siguiente grupo aparecen Jujuy, ($21.522 millones=; Catamarca ($20.866 millones); Río Negro ($19.115 millones); CABA ($18.686 millones); San Luis ($17.291 millones) y La Rioja ($15.686 millones). Cierran La Pampa, con $14.227 millones; Neuquén, con $13.148 millones; Chubut y Santa Cruz, con $11.981 millones cada una; y Tierra del Fuego, con $9.343 millones.
Sin embargo, Nación hace oídos sordos este reclamo y el de las otras 23 jurisdicciones donde también se registran atrasos en los envíos para pagar las obras públicas, tal como lo prevé la ley. Ese delito se denomina “malversación de caudales públicos”. Y el o los funcionarios que -concientemente- realizan esta maniobra podrán ser castigados con hasta un año y medio de prisión además de tener que devolver el dinero al erario público.
Es justamente en torno a esos fondos donde se reabrió la pelea. Un informe de La Nación puso el foco en el SisVial, el componente vial del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, y precisó que, al cierre de mayo más de $1 billón de esos recursos estaban en inversiones financieras. Son fondos administrados por el Ministerio de Economía y el propio vocero de la Casa Rosada, Adrián Ravier, admitió que se computan para alcanzar el equilibrio fiscal.
Dicho en otras palabras la Nación a partir de una decisión del ministro de Economía (Luis Caputo) con apoyo del presidente Javier Milei deciden usar dinero que era para construir y reparar rutas nacionales y lo aplican para mantener “el equilibro fiscal”. Es una pena que no se den cuenta que están haciendo un desvío de fondos que puede constituir en el futuro una denunca
La particularidad de este debate es que, mientras Nación usa para inversiones financieras recursos asociados a la infraestructura, los gobernadores reclaman por el deterioro de las rutas nacionales y por la necesidad de que el Estado vuelva a invertir en mantenimiento y obras.
El antecedente está en aquel proyecto de ley de 2025, cuando los mandatarios impulsaron un proyecto para eliminar los distintos fondos y asignaciones específicas y elevar a 57,02% la participación provincial en el impuesto.
