Se trata de dos denuncias penales hechas ante la Justicia Federal por el presunto desvío y apropiación de fondos para reparación y mantenimiento de rutas nacionales. Lo hicieron un gremio de profesionales de Vialidad Nacional y la diputada Victoria Tolosa Paz. El monto llega a 1 billón de pesos, esto es, unos 650 millones de dólares, que el ministro Caputo puso en inversiones financieras en pro del “equilibrio fiscal”. Se solicitó investigar delitos de malversación agravada de caudales públicos, administración fraudulenta e incumplimiento de deberes públicos.
Una asociación gremial del propio riñón de Vialidad Nacional y una diputada nacional tomaron la bandera: presentaron sendas denuncias contra el ministro de Economía Luis Caputo, así como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger por la apropiación y desvío de fondos viales que el Estado recauda cada vez que alguien carga combustible en su vehículo. El deterioro de las rutas nacionales y las obras que venía realizando Vialidad Nacional (por gestión propia o por concesión) quedaron detenidas desde el inicio de la actual gestión presidencial.
El mejor ejemplo en Misiones quizá lo constituya la construcción de la travesía urbana de Gobernador Roca, una localidad a 65 kilómetros de Posadas. La ruta nacional 12 pasa por el centro de la ciudad y las tareas consistían en la ampliación de las calzadas, asfalto de las colectoras, la rotonda en el cruce de las rutas 12 y provincial 6, seguridad y alcantarillado. Aunque tenía cerca de un 60% de avance, la llegada del nuevo gobierno a fines de 2023 implicó la paralización de estas obras, pese a que el Gobierno nacional seguía recaudando fondos cuando alguien cargaba combustible en el tanque de su vehículo.
La denuncia penal presentada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AGPVN) data de mayo de 2026 y acusa a altos funcionarios nacionales de desviar $400.000 millones provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos. La presentación judicial detalla que estos fondos específicos, destinados por ley a la conservación de la red vial, habrían sido retenidos indebidamente para su especulación financiera, llevando a la Dirección Nacional de Vialidad a una situación de quiebra técnica y deterioro crítico de las rutas. Por un lado, los gremialistas viales indicaron que se trata de un colapso inducido y un daño severo a las rutas nacionales que necesitan fondos para su mantenimiento. Y por el otro, la legisladora apuntó más severamente a la cuestión política: acusa a los ministros de malversación de fondos públicos, administración fraudulenta del Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo. Todo ello sin soslayar la cuestión del desvío de fondos públicos con asignación específica.
El escrito imputa a funcionarios nacionales como Luis Caputo y Federico Sturzenegger por generar un colapso inducido y un daño patrimonial en la red vial.
El argumento central de la acusación penal radica en la retención indebida de partidas con asignación específica. Según lo establecido por la Ley 23.966, el 28,58 por ciento de la recaudación total del Impuesto a los Combustibles Líquidos debe transferirse de forma automática al fideicomiso destinado a la infraestructura del transporte terrestre de toda la Argentina: Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal. Sin embargo, la denuncia detalla que el Palacio de Hacienda retuvo cerca de 400.000 millones de pesos durante los ejercicios fiscales correspondientes a los períodos recientes. Dichas partidas habrían sido desviadas hacia la compra de instrumentos de financiamiento, tales como letras y bonos emitidos de forma regular para sostener las cuentas del Tesoro nacional.
En agosto de este año, tres meses después de la primera denuncia, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una segunda denuncia penal ante la Justicia Federal contra funcionarios del Ministerio de Economía, de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco de la Nación Argentina (BNA) por el presunto desvío de más de un billón de pesos destinados a obras viales. Esto es, la cifra del monto retenido sube un 150% ya que pasa de 400 mil millones de pesos a $ 1 billón.
En la presentación se solicita investigar la posible comisión de delitos como malversación agravada de fondos públicos, administración fraudulenta contra la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo, sin excluir otras figuras que puedan surgir a lo largo de la causa vinculada a la supuesta retención y desvío de fondos con asignación específica del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
Federalismo vial, camino lleno de baches
Hay un dato adicional que se halla en la presentación judicial. Lo que no se repara ahora, costará mucho más caro en el futuro.
La ingeniería civil vial estipula que cada unidad monetaria que deja de invertirse en tareas urgentes de conservación preventiva, mantenimiento de banquinas, sellado y bacheo asfáltico, demandará en el corto plazo un gasto de entre cuatro y diez veces superior (medido en dólares) para reconstruir la estructura de la calzada una vez que el pavimento colapse. Lo que da cuenta, dice la presentación, del perjuicio patrimonial neto generado contra los bienes públicos. “El ministro Caputo ha retenido y desviado estos fondos con origen presupuestario, del fideicomiso vial (impuesto al combustible y tasa vial), financiamiento externo perdido por ausencia de ejecución, con destino hacia el Tesoro Nacional desconociendo la aplicación de los mismos pero con indicios graves y concordantes que su uso no ha sido previsto en el presupuesto general de la Nación (..)”, detalló una de las denuncias.
Pero además hay un drama no menor y eventual: Los caminos sin conservación preventiva multiplican el riesgo de siniestros viales severos y la falta de mantenimiento altera la circulación segura de los usuarios que transitan diariamente, con lo que se pone en claro peligro la vida de las personas. Pozos persistentes, deformaciones por huellas de transporte pesado y la ausencia de demarcación horizontal convierten los principales corredores productivos del país en zonas de peligro potencial.
El impacto de la desinversión vial lesiona de forma severa el federalismo del transporte interno y el corte de las transferencias paraliza los campamentos viales en todo el país. La legislación determina que un 60 por ciento de los recursos coparticipables viales debe transferirse de forma directa a las direcciones de vialidad de todas las provincias. Los coeficientes aplicados por el Consejo Vial Federal consideran factores técnicos esenciales, tales como la longitud de la red secundaria, la densidad demográfica de cada región, el nivel de inversión con recursos propios y el volumen registrado de combustibles gravados. Al interrumpirse estos flujos financieros, los estados provinciales quedan desprovistos de capital para sostener las rutas complementarias que enlazan con el sistema troncal de la Nación.
