Marta Pascual se hizo famosa. A pesar de ella. Decidió de un plumazo que la ley que bajaba la imputabilidad de menores de 16 a 14 años no iba a entrar en vigencia en provincia de Buenos Aires. Las razones y los fundamentos, a esta altura, parecen un chiste (jurídico) que no resisten el análisis serio de nadie. Ahora que ya no rige más su decisión (la tumbaron como un castillo de naipes) queda la pregunta: ¿podrá prosperar un Jury para echarla? Spoiler: no se haga ilusiones
Si usted la escucha, podrá apreciar que ella dice que no está en desacuerdo con la ley sancionada por el Congreso. “Soy garantista”, agrega y casi se pisa el palito sola. Claro que si escucha esa entrevista donde dice: «El joven había violado de manera más atroz posible a su hija hasta matarla y como le dimos 25 años, decidí bajarle la condena porque me pareció mucho»… bueno ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Esta mujer está mal, de verdad.
De la malhadada escuela zaffaroniana donde los criminales tienen más derechos que las víctimas, Marta Pascual -la jueza que quiso parar la nueva Ley Penal Juvenil por dos meses- tuvo varios embates duros. El periodista Jonatan Viale le espetó que era una persona que contaba con dos agentes para su custodia personal (así es más fácil atribuir que no hay problemas con la seguridad) y que cobraba 16 millones de pesos no se podía arrogar la representación de una sociedad como la bonaerense donde la gente apenas sobrevive y donde los delitos (en muchos casos, con homicidios incluidos) atiborran la estadística diaria. Y donde, los delincuentes mayores le sugerían a los más chicos. “Agarrá el chumbo (usá la pistola) vos, que no te va a pasar nada”. Y así, las muertes se acumulaban junto con los ataques y una ciudadanía cada día más encerraba debido a que no puede dejar que sus hijos (ni los mayores mismos) salir a pasear por las calles y parques debido a que tienen un temor brutal de ser atacados. Ahora, los que tienen catorce y quince les puede pasar algo. Más si andan matando gente.
Pero la jueza Pascual solo piensa en los victimarios.
En las víctimas, nunca.
Aunque esta vez, la jugada le salió mal.
Esa idea de un “habeas corpus” para una persona que no existe constituía un intríngulis jurídico de difícil digestión.
Primero, algunos magistrados (jueces y fiscales provinciales) adelantaron que la decisión de Pascual no iba a tener injerencia en sus jurisdicciones.
Y luego, finalmente, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala I, revocó el martes 15 de septiembre la medida cautelar de la jueza Marta Pascual que había suspendido durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires.
“Esta es la victoria de la gente. La jueza, desconectada de la realidad, creyó que iba a lograr la suspensión de la ley. Pero le salió muy mal. No nos van a parar en la defensa de las víctimas de la inseguridad”, dijo el abogado Fernando Soto, que presentó la denuncia contra la jueza Pascual en representación de la asociación civil Usina de Justicia.
En paralelo, está el pedido de Jury contra Pascual. Pero no es para hacerse ilusiones de que eso pueda prosperar
Si alguien en su inocente ingenuidad piensa que el juicio político contra Pascual pueda hacer caer y eyectar de su cargo a esta magistrada, es hora de ser realistas: las posibilidades de que la Jueza sea exonerada van tirando a bajo y casi nada. Así de una.
Para que un juez sea destituido en la provincia de Buenos Aires, el Jurado de Enjuiciamiento (compuesto por legisladores, abogados y un miembro de la Suprema Corte provincial) debe reunir mayorías especiales.
La destitución dependerá finalmente si el bloque del peronismo/kirchnerismo en la Legislatura decide blindarla o soltarle la mano. Aunque el fallo de Pascual exponía la falta de inversión edilicia del gobernador Axel Kicillof, el costo político de defender a una jueza acusada de «frenar la baja de imputabilidad» frente a la opinión pública es sumamente elevado. Algunos especularon que Pascual tenía el visto bueno del Ejecutivo Provincial para dictar su polémica y poco aferrada al derecho resolución. Y por ende, si contó el guiño de Kicillof es muy probable que eviten su destitución.
Sería un buen ejemplo para aquellos que consideran que la Justicia puede legislar o gobernar. La Justicia es un poder del Estado, pero no para hacer lo que una jueza decide al invadir el Ejecutivo y el Legislativo de una sola jugada.
Y así como los chicos de catorce y quince años pensarán dos veces si aprietan el gatillo (“total, no pasa nada”) una jueza o juez pensará dos veces si se mete a legislar o gobernar (“Total no pasa nada”).
