El gobernador Hugo Passalacqua presentó un amparo para restablecer las pensiones por invalidez suspendidas arbitrariamente. Así, instruyó al fiscal de Estado a promover un amparo para exigir el “inmediato restablecimiento” de las pensiones que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) suspendiera de manera arbitraria. También piden el pago de retroactivos adeudados, la nulidad de las auditorías irregulares y mayor transparencia.
Luego de eventos de largas colas y peritos del organismo nacional que habrían maltratado a los misioneros que se acercaron a demostrar que efectivamente tenían algún tipo de discapacidad, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para restituir las pensiones por invalidez que fueron suspendidas desde marzo de manera arbitraria por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En la acción judicial, el mandatario instruyó al fiscal de Estado, Fidel Duarte, para exigir el “inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos, suspendidos de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde marzo de 2025”.
La demanda, caratulada “Misiones provincia de C/Estado nacional y otro S/Amparo” , ya fue ingresada en la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal bajo el número de expediente 2128/2025. La presentación busca dar una respuesta a la “suspensión ilegítima” de las prestaciones que afecta a miles de misioneros.
Según se desprende de la instrucción oficial, la presentación judicial no se limita solo a la restitución de los pagos.
También incluye el reclamo del pago de los retroactivos adeudados desde marzo, la nulidad de las auditorías que la provincia considera irregulares y la adopción de medidas urgentes para garantizar la continuidad de las prestaciones.
En los documentos presentados ante la Corte, el fiscal Duarte, junto a los procuradores José Sebastián Delgado y Christian Lampugnani , argumenta que la medida del Gobierno nacional atenta contra los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
La acción de amparo es una vía judicial urgente que busca proteger derechos constitucionales ante actos arbitrarios del Estado. Con esta medida, Misiones espera una resolución rápida de la Corte que ponga fin a la situación de vulnerabilidad de uno de los sectores más sensibles de la población.
La decisión del Gobernador llega en momentos en que en Misiones las auditorías organizadas por Andis están siendo un escándalo de alcance nacional por las irregularidades y la falta de empatía con las que se vienen desarrollando. Entre las denuncias públicas, recién ahora suscritas ante la Corte, aparecen falsificaciones de firmas, espacios no adecuados para la atención de los beneficiarios o avisos que nunca fueron entregados a quienes debían presentarse.
Los fundamentos de la demanda
En la presentación, la Provincia solicita formalmente al Poder Judicial:
- El restablecimiento inmediato de los pagos suspendidos.
- El pago de todos los retroactivos adeudados.
- La nulidad de las auditorías implementadas por la ANDIS, por considerarlas realizadas con “irregularidades y sin contemplar los ajustes razonables y salvaguardas” que exige la normativa internacional.
- La implementación de nuevos procesos de control que sean “transparentes, profesionales y accesibles”.
- Asimismo, y “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, se ha solicitado como medida cautelar que la ANDIS y el Estado Nacional “se abstengan de suspender nuevos beneficios” mientras dure el proceso judicial.
- Un golpe a los más vulnerables
- Desde el Gobierno de Misiones se subrayó que “el recorte de pensiones afecta a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y genera un impacto inmediato en la vida cotidiana de miles de familias”. Se remarcó que estos beneficios son esenciales para que los titulares puedan garantizar su “alimentación, medicamentos y tratamientos médicos”.
- La demanda judicial enfatiza que la suspensión de estos pagos no solo es “ilegítima” sino que también constituye una violación a los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional con jerarquía constitucional en Argentina.
- Con esta acción, la Provincia de Misiones busca un pronunciamiento urgente de la Justicia para restablecer el flujo de fondos y garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, en lo que se configura como un nuevo conflicto por la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.
Fuente: Canal12misiones.com
