Se trata del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Es el monto que se estima dejarán de percibir las cuentas estatales. Sin embargo, el Estado no quita ningún impuesto al consumo pese al discurso de que vino a sacar tributos. Son 12 billones de pesos, esto es, dos Presupuestos y medio 2027 de Misiones
Hizo una compra grande (o eso él pensaba en un super mayorista donde a partir de la tercera unidad en muchos productos lo toman como venta al por mayor) y el cajero le dijo el monto a pagar. Eran 87 mil pesos y algo más (ver arriba). Al cabo, se trataba de 40 artículos comprados y en casos valían la pena por el costo. Al final de la boleta impresa había un cartel que señalaba “REGIMEN DE TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR LEY 27.743” y a continuación detallaba: IVA contenido 14 mil pesos y algo más. El Estado nacional se llevaba un quinto de todo lo gastado. No quedaba ni para el productor, ni para el industrial ni para el comerciante (ni mucho menos, para el consumidor). Quedaba para el Estado nacional. Todo ¿a cambio de qué? Solo Dios sabrá.
Tanto en campaña en 2023 como luego cuando asumiera, Javier Milei había prometido una baja de impuestos. De alguna manera lo hizo, pero no para el consumo ni para los que menos tienen sino todo lo contrario. Quitó el impuesto PAIS que recargaba las compras del exterior, rebajó Bienes Personales (solo pagan los que más tienen), lo mismo con los derechos de exportación (los que exportan normalmente no son los más pobres) y redujo aranceles de importación: en CABA la compra de un iPhone o consolas de juego como PlayStation o Xbox (“para el pibe, viste”, póngale acento porteño) bajaron hasta un 25%. Eso sí, para el fideo o el arroz, o la polenta nada. Es más, aunque algunos productos en proceso industrial de elaboración tenían una quita a la mitad (algunas féculas abonan 10,5% y otras como el almidón de mandioca siguen abonando 21%).
En una palabra, hubo quita de impuestos. Sí, hubo. Pero los sectores beneficiados fueron los que más tienen. Del IVA es como en la historia del comienzo. “Ni un centavito pa’l pobre”. Justamente en el final del gobierno de Mauricio Macri hubo un período de quita del IVA al consumo con su mejoría coadyuvante.
Ahora el gobierno lanzo el RIGI, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, con el que buscó que lleguen grandes inversiones en sectores de alta rentabilidad: minería, energía, carburíferos y agroalimentos. ¿A cambio qué ofreció? Sí, el lector ya lo ha de estar sospechando. Quitar impuestos. Lo que no quitan para el pobre, se lo dan al rico. Casi como una parábola bíblica. Solo falta que aparezca, mesiánico él, el Presidente diciendo: “A los que tengan, se les dará más; y a los que no tengan, se les quitará aún lo que tienen”.
El número final asombra por su impacto en las cuentas oficiales: el RIGI implica que el Estado resigna en total unos u$s 8.493 millones en impuestos para incentivar la llegada de los proyectos de inversión, señaló un reporte de iProfesional.
Es el beneficio que el Gobierno les otorgó a las empresas de distintos sectores -pero sobre todo del sector de la energía-, con tal de asegurarse la concreción de esas iniciativas y el arribo de las inversiones en dólares.
De ese monto, u$s 6.849 millones corresponden a impuestos que deja de percibir la Nación y otros u$s 1.644 millones impactan sobre las provincias receptoras de las inversiones.
Es, en otras palabras, el costo tributario de una de las principales apuestas del Gobierno para atraer capitales a la Argentina.
Radiografía del RIGI
Las conclusiones del impacto tributario forman parte de una investigación minuciosa de la consultora Eco Go.
El RIGI fue diseñado para modificar la ecuación económica de proyectos de gran escala mediante una combinación de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios.
En trueque por esas ventajas, las empresas comprometen inversiones de magnitud en sectores considerados estratégicos, principalmente energía, minería, infraestructura y agroindustria.
La pregunta que aparece detrás de los anuncios de inversión es, entonces, cuánto resignan los distintos niveles del Estado para conseguir que esos proyectos se hagan.
Al 9 de septiembre de 2026, el RIGI ya tenía 23 proyectos aprobados por u$s49.766 millones de inversiones anunciadas. La consultora toma como base exclusivamente aquellas iniciativas que ya cuentan con una resolución publicada en el Boletín Oficial.
Queda claro: no es que el Estado deja de enviar dinero a las firmas; sino que son fondos que deja de percibir. Se trata, entonces, de la diferencia entre lo que recaudaría el Estado si esos proyectos tributaran bajo las reglas generales y lo que efectivamente recauda con el RIGI.
El modelo de Eco Go muestra que el costo fiscal va creciendo con la entrada en funcionamiento de los proyectos y alcanza un máximo de alrededor de u$s1.510 millones anuales en 2031 para la Nación.
Fuente iProfesional y Elaboración propia
