Están acusados la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner así como 86 empresarios de la construcción que habrían pagado coimas. El caso se inició en un informe periodístico de Diego Cabot en La Nación y luego éste pasó las pruebas a la Justicia. Estiman que puede durar unos tres años. Cristina dijo que «era un show mediático». Los fiscales afirmaron que nunca vieron pruebas tan contundentes
El juicio más grande por corrupción que haya llegado a los tribunales federales del país comenzó el jueves 6 de noviembre: el Tribunal Oral Federal N°7 abrió el proceso contra Cristina Kirchner y otros 86 imputados vinculados al expediente conocido como Cuadernos de las Coimas. La audiencia se inició el jueves por la mañana y se extendió hasta las 14.30, en una transmisión pública a través de YouTube. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, miembros del Tribunal Oral Federal N°7, abrieron el juicio por los cuadernos de las coimas, una causa instruida por el fiscal Carlos Stornelli desde 2017.
La investigación comenzó con la revelación del diario La Nación sobre las supuestas anotaciones del chofer Oscar Centeno, el remisero del Ministerio de Planificación durante el gobierno de Cristina Kirchner, y la descripción del itinerario que hacía para recoger coimas que transportaba en su vehículo a destinos vinculados a funcionarios kirchneristas.
En el proceso, Centeno confesó que había prendido fuego la prueba en una parrilla pero la causa siguió adelante a partir de peritajes sobre fotocopias del presunto material original. Por su parte, la defensa de la expresidenta impugnó esas validaciones de la fiscalía, sin éxito.
Apenas pasadas las 10.20, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, ordenó a los acusados mostrarse ante la cámara: «Arbitren las medidas necesarias para que se los pueda ver», reclamó, en referencia a quienes seguían la audiencia ocultos detrás de sus defensores técnicos. Luego de esa advertencia, el abogado Alberto Beraldi movió el plano y Cristina Kirchner quedó visible, sentada a su lado, vestida con polera blanca y saco oscuro.
Los magistrados iniciaron la lectura de las imputaciones, una instancia que se extenderá casi hasta la feria judicial. Según fuentes de la causa, el juicio demandará al menos tres años hasta que llegue el momento de la sentencia.
Sin embargo, el arranque acreditó alto impacto en Tribunales. «Es el primer megajuicio argentino contra decenas de empresarios», dijeron a LaPoliticaOnline, antes de mencionar a los ex funcionarios del gobierno de Cristina.
En la lista de gerentes y dueños de firmas alcanzadas por la investigación de 204 hechos de cohecho, figuraron desde Ángelo Calcaterra, primo y socio del ex presidente Mauricio Macri; Carlos Wagner, poderoso ex presidente de la Cámara de la Construcción; el cordobés Aldo Benito Roggio, otra figura central del establishment argentino y Luis Betnaza, histórico operador del Grupo Techint y amigo personal de su dueño, Paolo Rocca.
Para Cristina, todo es show. «La causa es un escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1500 veces y ‘arrepentidos’ a los que más bien habría que llamar ‘extorsionados’. Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei».
Del otro lado, el fiscal Carlos Stornelli fue contundente. Señaló que nunca vio tanta prueba en evidencia. «Es una causa que tiene una cantidad de prueba enorme, nunca vi una causa con tanta prueba, que se pudo hacer a partir de una investigación periodística brillante y de los testigos que acompañaron y presentaron los elementos, incluso los cuadernos. A partir de eso se pudo investigar y llegar a este momento», dijo en Radio Mitre.
El debate empezó con la lectura del requerimiento fiscal redactado por el propio Stornelli, uno de los seis que integran la causa unificada. El documento abre con el testimonio del periodista Diego Cabot, quien relató cómo recibió los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno y las primeras verificaciones que realizó antes de entregarlos a la Justicia.
A partir de allí, el texto repasa los allanamientos iniciales, las detenciones de empresarios y exfuncionarios, y la acusación que ubica a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita encargada de cobrar sobornos.
También detalla el rol de Roberto Baratta -mano derecha de Julio De Vido– en la recolección del dinero y cómo la plata era trasladada a funcionarios o al departamento de Recoleta donde, según la acusación, la recibía Daniel Muñoz.
La lectura estuvo inicialmente a cargo de la secretaria del tribunal, María Cecilia Chichizola, y continuó cerca de las 11.30 con su par Ernesto Ruiz. El propio Méndez Signori interrumpió brevemente la audiencia al cumplirse dos horas de lectura: «Llevamos ya dos horas de lectura», advirtió antes de disponer un pequeño cuarto intermedio. A las 14.30 se dio por terminada la jornada y se confirmó que el debate continuará el próximo jueves.
En concreto, el Tribunal Oral Federal N°7 leyó los casi 40 episodios de cohecho pasivo atribuidos a Cristina Kirchner. Dentro del conjunto de expedientes que se están tratando -la causa principal y otras cuatro que fueron acumuladas- la exvicepresidenta solo está imputada en tres de ellas. En total, se la señala como jefa de una asociación ilícita y se le imputan 204 hechos de cohecho, aunque en el expediente central son 40 los sobornos detallados.
En la causa principal -de la que luego se desprendieron seis expedientes conexos- la acusación sostiene que Cristina Kirchner habría recibido coimas a través de intermediarios, entre ellos el fallecido Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.
