El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos que revocó la condena contra la Argentina por el juicio de YPF y afirmó que el país evitó un pago de hasta u$s 18.000 millones. Del otro lado, la expresidente Cristina Kirchner y su entonces ministro de Economía, Axel Kicilof defendieron la estatización. Para Milei es todo lo contrario. El fondo que operaba contra el país anunció que continuará apelando en cortes de EEUU: tienen fondos y paciencia
El presidente Javier Milei brindó un mensaje luego del histórico fallo de la Justicia de Estados Unidos vinculado al caso YPF. En segunda instancia, la Justicia de Estados Unidos revocó la condena contra la Argentina por el juicio de expropiación de YPF y según Milei el país evitó un pago de hasta u$s 18.000 millones. En primera instancia se habló de 16 mil millones de dólares pero ya había 2 mil millones de dólares en recarga por intereses.
La demanda había sido impulsada por la firma Burford Capital, fondo que adquirió los derechos litigiosos de los exaccionistas.
Cristina Fernández de Kirchner dijo lo suyo: Sin mencionar al presidente Javier Milei ni al gobernador Axel Kicillof, la exmandataria centró su intervención en la defensa de la estatización. También afirmó que la postura argentina fue respaldada por Estados Unidos «tanto en su administración demócrata como republicana».
En su discurso, Milei contratacó: «Hay quienes quieren leer esta noticia como un triunfo de quien expropió la empresa en primer lugar: hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado. Estos personajes nos sumieron en una aventura suicida, que nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido», sostuvo.
Kicillof respondió a esas críticas y sostuvo que la decisión judicial «deja en evidencia años de mentiras» en torno a la expropiación. También afirmó que los argumentos defendidos por el Estado en tribunales coincidieron con los que había sostenido durante ese proceso.
El estudio legal Burford Capital (también conocidos como ‘fondos buitres’) advirtió que continuará litigando.
Historia con idas y vueltas
En los años 90 del siglo pasado el presidente Carlos Menem decidió privatizar YPF. Para el matrimonio Kirchner que gobernaba Santa Cruz era la acción del gran presidente argentino y se estima que fueron 650 millones de dólares a las arcas provinciales. En 1993, la española Repsol se quedó con YPF.
El acuerdo contenía una cláusula que pasó desapercibida por entonces, pero que resularía clave luego: cualquier actor que tomara el control debía realizar una oferta pública de adquisición (OPA) por el total de las acciones, a un precio fijado por una fórmula preestablecida. Esa disposición, pensada para proteger a los accionistas minoritarios, sería el punto de partida luego del litigio que tendría al país contra las cuerdas.
Casi 20 años después todo cambió.
El 16 de abril de 2012, el gobierno de Cristina Kirchner tomó el control del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol.
La medida fue ejecutada por el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, quien defendió la estatización al argumentar que la compañía no producía suficiente petróleo y gas para abastecer la demanda interna.
Repsol recibió finalmente una compensación de unos u$s 5000 millones.
El problema que daría origen al litigio fue la decisión de ignorar el artículo 7° del estatuto, que obligaba a quien adquiriera más del 15% de la empresa a lanzar una OPA para el resto de los accionistas.
Petersen Energía —controlada por la familia Eskenazi, el segundo mayor accionista— y el fondo Eton Park Capital —que poseía el 3,04% de las acciones desde noviembre de 2010— no recibieron esa oferta. Además, el Estado suspendió el giro de dividendos, lo que empujó a Petersen a la quiebra, al no poder pagar los créditos con los que habían financiado su compra accionaria.
Kicillof resumió la postura oficial con una frase que marcaría el juicio: dijo que sería “estúpido” cumplir “la ley de la propia YPF” y “respetar sus estatutos”.
De 15 millones a 16 mil millones
Con las empresas Petersen declaradas en quiebra en España, el administrador concursal del Juzgado de lo Mercantil N°3 de Madrid identificó que el único activo valioso era el derecho a demandar a la Argentina. Ante la falta de recursos para financiar el litigio, abrió un concurso.
Burford Capital —un fondo de litigios con sede en el Reino Unido— ganó la subasta con una oferta de apenas 15 millones de euros y se quedó con el 70% de cualquier eventual indemnización. También financió la demanda de Eton Park.
Así, el fondo buitre inició formalmente la demanda en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, al argumentar que YPF y el Estado argentino habían aceptado la jurisdicción estadounidense a través de sus prospectos de emisión registrados ante la SEC.
El gobierno de Mauricio Macri intentó que el caso se trasladara a la Argentina, pero no lo logró.
En 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que había tomado el caso luego del fallecimiento de Thomas Griesa, emitió un fallo de responsabilidad que fue un revés total para la Argentina.
Así, la Argentina debía pagar u$s 14.390 millones a Burford y u$s 1710 millones a Eton Park, con una condena total de us 16.100 millones —incluyendo u$s 8430 millones en daños y u$s 7670 millones en intereses acumulados durante 11 años-.
Luego Preska ordenó que YPF entregara el 51% de sus acciones a Burford y que se vendieran en Nueva York.
Pero eso cambió en octubre de 2025 en una audiencia donde los abogados de Argentina e YPF presentaron sus argumentos para impedir que se ejecute la orden de Preska.
En paralelo, el gobierno de Donald Trump se presentó como amicus curiae ante la Cámara en favor de la Argentina —un apoyo que distintos actores judiciales y políticos señalaron como relevante en las instancias finales del litigio.
El 27 de marzo, en un desenlace inesperado para la mayoría de los analistas, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó íntegramente la condena.
Los jueces determinaron que, bajo el derecho civil argentino, los estatutos de YPF no constituyen un contrato bilateral entre el Estado y los accionistas, sino un contrato plurilateral de organización interna. Por tanto, la cláusula de la OPA no genera un vínculo contractual directo con los accionistas minoritarios.
