El tironeo es brutal y desde el Presidente y su ministro de Economía, la política fiscal es feroz e inmisericorde. No hay plata, no se envía y “arréglense como puedan”. O si no, “vengan al pie pero hagan lo que queremos”. La vieja política del garrote y la zanahoria goza de muy buena salud en el país. Misiones perdió 2 de cada 3 pesos que recibía hace un año
Junto a una mayoría de jurisdicciones del país, Misiones registró una caída real interanual del 67,5% en las transferencias no automáticas enviadas por el Estado Nacional durante octubre de 2026, al captar apenas 484 millones de pesos. A pesar de este freno mensual, la provincia lideró el acumulado de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) del año con $25.000 millones y sumó $57.662 millones en transferencias discrecionales totales entre enero y octubre.
Según el informe de la consultora Politikon Chaco, a nivel nacional estos envíos discrecionales sufrieron una contracción real interanual del 70,2% durante octubre de 2026. Se viene dando un retroceso generalizado. Todas las provincias registraron marcadas caídas reales en la comparación a largo plazo (frente a 2023, la reducción global alcanzó el 86,7%). Distritos como Tucumán llegaron a registrar desplomes mensuales de hasta el 93,9% interanual en términos reales
Del total de $89.259 millones distribuidos en octubre, apenas seis jurisdicciones absorbieron el 68% de los recursos (lideradas por Buenos Aires con el 24,6%, Neuquén con el 15,8% y Chaco con el 7,2%). En el fondo de la lista, Formosa fue la provincia más afectada del mes, recibiendo apenas $81 millones (el 0,1% del total nacional).
Esta reducción en los giros discrecionales consolida el período de enero a octubre de 2026 con una caída real acumulada del 61,1%, al marcar el peor registro de transferencias no automáticas en más de dos décadas.
La drástica caída en las transferencias no automáticas combina una estrategia macroeconómica de ajuste fiscal profundo con una herramienta de presión política discrecional por parte de las autoridades nacionales.
Más allá de los roces políticos, la reducción del gasto público es el pilar central del plan económico del Gobierno Nacional. Las transferencias no automáticas (también llamadas «discrecionales») son el concepto más fácil y rápido de recortar, ya que no están protegidas por la ley de coparticipación federal. Para la Nación, eliminar estos giros es la vía directa para mantener el superávit fiscal.
Pero además, hay un disciplinamiento a las jurisdicciones rebeldes. La discrecionalidad de estos fondos permite que se utilicen como «zanahoria o garrote». El flujo de dinero suele congelarse o abrirse en momentos clave. El hecho de que pocas provincias concentren la mayoría de los recursos del mes demuestra que el Gobierno Nacional prioriza el financiamiento a distritos con los que tiene acuerdos políticos, sintonía de gestión o necesidades electorales específicas.
Por otra parte, es claro que el Gobierno nacional está reteniendo fondos de manera indebida, como en el caso de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (que se perciben en la carga de nafta y gasoil) y que tienen un destino específico. Los gobernadores (incluyendo los reclamos formales de Misiones por obras viales pendientes) y diversos legisladores sostienen que el Ministerio de Economía está incurriendo en una malversación o desvío de fondos con asignación específica.
Esto es sabido: Por ley, una porción de lo que cada automovilista paga al cargar nafta o gasoil forma parte del SISVIAL (Sistema Vial Integrado). La ley determina que ese dinero tiene afectación específica: solo puede usarse para construir, mantener y reparar rutas nacionales. Pero el ministro de Economía Luis Caputo (con anuencia del presidente Milei) decidió que esa era buena platita para equilibrar cuentas fiscales. Y decidió desviar esos fondos.
En ese contexto, ya hay presentaciones ante la Justicia Federal detallan que, de los más de 1,5 billón de pesos recaudados para el SISVIAL, el Gobierno Nacional ejecutó menos del 30% en obras viales
Para Caputo y Milei es más útil tener equilibrio fiscal que hacer obras viales. Así, de una. Si están violando una ley ya es una cuestión menor. (Quizá en el futuro, cuando no estén más en el poder deban responder ante la justicia y terminen como Cristina Fernández con tobillera o encerrados en una cárcel).
En este panorama, hubo diversas reacciones. En Santa Fe un fallo histórico dictado en agosto de 2026, el juez federal Aurelio Cuello Murúa ordenó al Estado Nacional y a Vialidad Nacional reparar de forma urgente e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el sur de la provincia.
Otra instancia fue la de varios gobernadores que optaron por demandar directamente al Estado Nacional ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la devolución de los fondos con asignación específica (como el Impuesto a los Combustibles destinado a las rutas) y las transferencias previsionales.
Lo interesante fue la respuesta del Poder Ejecutivo Nacional. “No hacemos las rutas porque hay mucha corrupción”, adujeron. “Por eso decidimos privatizar y concesionar el mantenimiento de las rutas nacionales”.
Esto significa que los usuarios de esos caminos van a pagar dos veces: una cuando cargan el combustible y otra cuando paguen el peaje. El núcleo del problema es que el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) no se suspendió; al contrario, su peso sobre el precio final de la nafta ronda el 20%. Cada vez que un conductor carga combustible en Misiones o en cualquier provincia, está pagando de su bolsillo la tasa destinada por ley al Sistema Vial Integrado (SisVial). Si las rutas ahora las van a mantener privados mediante peajes, la sociedad pasa a pagar dos veces por el mismo servicio (vía impuesto en el surtidor y vía peaje en la ruta).
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